Por caso ocurrido en Arauca, la Corte Constitucional reconoce el desplazamiento forzado por factores ambientales
El alto tribunal pide al Congreso que elabore leyes para proteger a las víctimas de fenómenos como inundaciones, sequías o deslizamientos de tierra
La Corte Constitucional reconoció el desplazamiento forzado ambiental como un factor que debe ser tenido en cuenta por el Estado colombiano, para garantizar la protección de los derechos de las víctimas de este fenómeno.
El tribunal emitió el pronunciamiento luego de resolver el caso de dos adultos mayores de 60 años, quienes alegaban haber sido víctimas de desplazamiento forzado causado por las inundaciones del río Bojabá en Arauca, que impidieron que la pareja volviera a su territorio de donde dependía su actividad económica principal.
Los magistrados de la Sala de Revisión de tutelas detectaron que el fenómeno de desplazamiento forzado se ha enfocado en atender a las víctimas que sufrieron este fenómeno a causa del conflicto armado en Colombia, dejando de lado a las víctimas por otros factores.
“La normatividad existente se ha centrado en la atención de desastres naturales y en la protección de las víctimas del desplazamiento forzado interno a causa del conflicto armado, pero ha dejado de lado el fenómeno de desplazamiento causado por otros factores, como los hechos asociados al cambio climático de evolución lenta”, señala uno de los apartes del pronunciamiento.
La corte mencionó que las personas que son víctimas de estas situaciones deben recibir atención estatal de manera urgente, pues es un fenómeno que impacta principalmente a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
“Indicó que la población desplazada por este fenómeno debe tener una atención urgente y priorizada pues se trata de un fenómeno que ya impacta de manera importante a la población colombiana, especialmente a aquella en mayor condición de vulnerabilidad”, añadió la sala.
Los magistrados consideraron que los adultos debían ser atendidos por la Alcaldía de Saravena (Arauca), la Gobernación de ese departamento y la Unidad de Gestión del Riesgo.
Además, la corte exhortó al Congreso para que tramiten leyes que permitan establecer medidas adecuadas de atención y reparación para las víctimas de este tipo de desplazamiento forzado.
