Colombia estaría preparando su salida de la Corte Penal Internaciona
Desde La Haya dan por segura la salida de Colombia del Estatuto de Roma, según reveló Julio Sánchez Cristo. La información aún no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno Nacional.
Una revelación conocida este martes abrió un nuevo y delicado capítulo para la justicia colombiana: Colombia estaría preparando su salida de la Corte Penal Internacional (CPI) y abandonaría el Estatuto de Roma, tratado internacional que le permite a este tribunal ejercer jurisdicción sobre los crímenes internacionales más graves.
La información fue revelada por Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, quien aseguró que fuentes consultadas en La Haya “dan por segura” la salida de Colombia. Sin embargo, el propio periodista advirtió que se trata de una información extraoficial y que todavía no existe un anuncio público del Gobierno que confirme la decisión.
La eventual salida de Colombia de la CPI tendría especial trascendencia por el papel que este tribunal ha desempeñado como mecanismo de justicia internacional frente a los crímenes de mayor gravedad.
Sánchez Cristo planteó una de las principales consecuencias que tendría la decisión para el sistema de justicia transicional colombiano: la relación entre la Corte Penal Internacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según el periodista, la CPI constituye un mecanismo internacional frente a eventuales fallas de la justicia nacional en la investigación y sanción de crímenes internacionales.
La posibilidad de abandonar el Estatuto de Roma, por tanto, abriría un debate sobre qué ocurriría con los procesos de justicia transicional y con las expectativas de las víctimas frente a eventuales casos de impunidad.
Uno de los puntos jurídicos más importantes es que Colombia no podría simplemente anunciar mañana que deja de pertenecer a la CPI.
El retiro del Estatuto de Roma está sometido a un procedimiento internacional. De hecho, la experiencia reciente de Venezuela demuestra que la denuncia del tratado no produce una salida inmediata: Caracas notificó formalmente a Naciones Unidas su decisión de retirarse y activó el mecanismo previsto en el artículo 127 del Estatuto de Roma.
Precisamente, una fuente diplomática citada por Sánchez Cristo advirtió que durante el periodo que transcurra entre una eventual denuncia y su entrada en vigor la Corte podría mantener competencia sobre determinadas situaciones y eventualmente avanzar en actuaciones respecto de Colombia.
La posible decisión colombiana ocurre en medio de una creciente presión internacional contra la Corte Penal Internacional.
En julio, Venezuela anunció formalmente su decisión de denunciar el Estatuto de Roma y comenzar su retiro de la CPI, argumentando que el tribunal aplica un tratamiento desigual y concentra de manera desproporcionada sus actuaciones en países africanos y latinoamericanos.
Semanas después, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a países latinoamericanos miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles que abandonaran la Corte Penal Internacional, defendiendo la capacidad de los Estados para emplear sus fuerzas armadas bajo sus propias leyes y constituciones.
Ese nuevo escenario internacional convierte la versión sobre Colombia en un asunto de enorme interés político y jurídico.
De acuerdo con la información divulgada por Caracol Radio, uno de los elementos que estaría detrás de la eventual decisión tendría relación con las posiciones de la CPI frente a Israel y los asentamientos israelíes en los territorios palestinos, asunto que habría generado preocupación dentro de sectores diplomáticos.
No obstante, no existe hasta ahora una explicación oficial del Gobierno colombiano sobre las razones de una eventual salida, ni se ha conocido públicamente una notificación formal ante Naciones Unidas.
Por eso, el anuncio requiere cautela: la noticia es que una fuente periodística asegura que la salida estaría definida, no que Colombia ya haya abandonado la CPI.
Si el Gobierno colombiano finalmente confirma su intención de denunciar el Estatuto de Roma, la decisión tendría implicaciones que irían mucho más allá de la política exterior.
El país tendría que discutir qué significa renunciar a uno de los principales mecanismos internacionales creados para combatir la impunidad frente a genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
También surgirían preguntas sobre el futuro de la justicia transicional, las garantías para las víctimas y el alcance de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.
