Procuraduría habla de ‘fuerza desmedida’ en juicio por caso de Ordóñez

Hacia las 9 a. m. de este jueves, primero de octubre, comenzó la audiencia de juicio disciplinario contra los patrulleros de la Policía Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, investigados por abuso de autoridad y el homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez.

Al comienzo de la audiencia ambos patrulleros manifestaron que renunciaban a la defensa de oficio que les había sido asignada, y pidieron que se aplazara la audiencia por no tener abogados de confianza. Además, adujeron que no se les había entregado el auto de cargos.

El procurador delegado para la Fuerza Pública, Herman Rincón, quien lleva el caso, negó esa solicitud al considerar que en un correo anterior se había informado que los uniformados sí tenían defensores de confianza, y que además por correo se les notificó de este proceso. Dijo que la Procuraduría debía evitar maniobras dilatorias.

La audiencia prosiguió con la lectura del auto de citación a audiencia disciplinaria, en la cual la Procuraduría señaló que el comportamiento de los uniformados contra Ordóñez no fue proporcional y que fue irracional.

Hacia las 11 a. m. ingresó a la audiencia el abogado Jorge Páramo, como defensor de confianza de Rodríguez Díaz; no obstante, diversos problemas de conexión del abogado y de la cárcel para uniformados de Facatativá (Cundinamarca), en donde se encuentran privados de la libertad los policías, la audiencia no pudo continuar sino hasta pasadas las 11:45 a. m.

Posteriormente, el abogado Páramo volvió a pedir aplazar la audiencia, argumentando que solo hasta este jueves había sido designado como abogado y que para ejercer la defensa técnica debía tener más tiempo para estudiar el caso. Esa solicitud también fue negada por el procurador Rincón. 

Dentro del auto de cargos, la Procuraduría citó que los uniformados debieron velar por la protección del ciudadano pero, en cambio, en el caso de Lloreda Cubillos, “al parecer abusó de su autoridad injustificadamente”. Recordó que en un video que hace parte del expediente se observa cómo en más de 6 ocasiones le dio electrochoques con una taser pese a que varias veces el estudiante de derecho dijo “por favor, no más”, y les pidió que pararan.

Por ello, para el despacho hubo un acto arbitrario e injusto, y la actuación de Lloreda puede constituirse en una aparente fuerza desproporcional, inadecuada y desmedida que no era razonable, en tanto Ordóñez ya estaba en situación de indefensión, sometido por los policías

Se recordó además que Lloreda tenía el conocimiento y formación necesaria para operar la pistola taser y contaba con experiencia en su cargo, pues llevaba 6 años y 9 meses como patrullero de vigilancia. También se consideró que la conducta se cometió con dolo.

En cuanto al patrullero Rodríguez, la Procuraduría citó que presuntamente le pegó patadas y puños a Ordóñez, especialmente dentro del CAI de Villaluz, que habrían desencadenado en la muerte del estudiante de derecho.

“Al parecer utilizó la fuerza de manera desproporcionada, inadecuada y desmedida”, se lee en el auto de cargos, que señala que por esto habría cometido abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Señaló también que Ordóñez habría sido objeto de un “abuso indiscriminado de autoridad”, en algo ilícito y excesivo.

“El señor patrullero (Rodríguez) debió fomentar el respeto de los derechos humanos pero al parecer abusó de su autoridad injustificadamente, situación que, según el concepto de este despacho, no cuenta con legitimidad ni era necesario”, dice el auto de cargos.

Y prosigue: “Los uniformados arremetieron de forma violenta contra Ordóñez a pesar de que él les suplicó que pararan”. El órgano de control explicó que Rodríguez contaba con la experiencia y capacitación de su trabajo, pues llevaba 11 años como patrullero.

Por eso, para la Procuraduría él también habría actuado con dolo, pues posiblemente fue consciente de la acción de extralimitación en el uso de la fuerza, que desencadenó en la muerte de Ordóñez.

El Ministerio Público, en el auto de llamado a juicio, también envió copias para investigar a los funcionarios que tenían responsabilidad de control frente a los patrulleros Lloreda y Rodríguez.

Hacia las 3 p. m. terminó la lectura del auto y se preguntó a los patrulleros investigados si deseaban, en este momento, rendir una versión libre sobre los hechos por los cuales son investigados, algo a lo que ambos declinaron.

La audiencia se suspendió a las 3:03 de la tarde para continuarse el próximo lunes 5 de octubre desde las 8:30 de la mañana, cuando se dará inicio a la etapa de pruebas del juicio.

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