Los armados ahora también juegan a autoridad sanitaria

Una granada a un billar porque ya les habían advertido que lo cerraran y como no hicieron caso, tres muertos. Retenes, algunos presionados por ellos, para que nadie entre o salga sin su permiso.

Así se vive el coronavirus en muchas regiones de Cauca, Nariño, Guaviare, Meta, Caquetá, Catatumbo y Arauca desde que el presidente Iván Duque declaró la emergencia sanitaria a inicios de marzo. Grupos armados de todos los colores, desde disidencias de las Farc, hasta ELN, EPL y autodefensas gaitanistas, han comenzado a presionar a las comunidades para que cumplan la cuarentena.

Lo hacen no sólo por evitar una infección en sus propias filas, algo que no podrían controlar porque los expondría a terminar en un puesto de salud delatándose, sino también como una forma de seguir expandiendo su control social y como una oportunidad para ganar más legitimidad.

“El gran cambio que yo veo, que no es una reconfiguración, sino un cambio en la relación entre grupos armados y la población civil, es que varios grupos ven que prevenir que el coronavirus llegue a los territorios y a sus filas, es una oportunidad para ganar algo de legitimidad entre la población local”, explicó Kyle Johnson, investigador en temas conflicto armado y paz en una charla de La Silla.

“Los grupos están tratando de aprovechar que el virus no ha llegado para luego decir el virus no llegó acá por nosotros y ese es un factor clave a futuro”, dijo.

De videos, panfletos y paros armados…..

Este tema está tan complicado que ayer la Defensoría del Pueblo sacó una alerta temprana que le mandó a la Ministra del Interior, Alicia Arango, que dice que hay 72 actividades de grupos armados relacionados con el coronavirus. De estos, 41 son hechos violentos, justificados en la emergencia sanitaria.

De los 41, 14 son atribuibles a las disidencias de las Farc; 11 al ELN; 6 a grupos posdesmovilización de las autodefensas, dos al EPL y los demás son de grupos armados de delincuencia organizada o de los que aún no es clara la autoría.

Incluso alertan que hay 10 homicidios “que presuntamente fueron cometidos como retaliación por la transgresión de medidas impuestas”. Siete de ellos sólo en Cauca, uno en Arauca y otro en Nariño.

“Todo esto es una manera de acentuar su poder. De adjudicarse y legitimarse en el territorio a través de imponer medidas asociadas con el virus”, dijo a La Silla Mateo Gómez, de la Defensoría.

Son hechos que van desde videos en los que se ponen del lado de las comunidades que están haciendo retenes como una forma de ganárselas, o panfletos en los que dicen hasta qué horas salir, hasta homicidios para quienes incumplan. Y en ese péndulo, entre lo menos violento a lo más, es que también se pone en juego su legitimidad.

Están los que saludan que las comunidades se tomen la protección por su cuenta.

Por ejemplo, en zonas como el Catatumbo, en Norte de Santander, donde aún no hay casos registrados, la disidencia del frente 33, que según dos fuentes en terreno (una fuente de una ONG que trabaja en esa región y otra del Ministerio Público que se mueve allá) está coordinada con la banda de Iván Márquez, sacaron un video, al estilo de la Segunda Marquetalia, en el que felicitan a las comunidades por ellas mismas tomar medidas para evitar la propagación del virus.

“Saludamos a todos los pobladores de esta hermosa región, felicitandolos por las medidas de prevención aplicadas desde la sociedad civil. Si no fuera por ellos, las condiciones serían diferentes porque ha sido una región abandonada por el Estado”, lee en un computador un hombre de camuflado. Incluso le reclaman a los alcaldes por “la forma folclórica en la que están manejando la situación”.

Alegan que el Gobierno está “tildando a personajes de guerrilleros por interlocutar y pedirnos apoyo a nosotros”, algo que puede estar relacionado con la forma en la que los campesinos  están manejando los puestos de control en la zona.

Un líder social y un Personero de la región nos contaron, por aparte, que en algunos retenes ha habido choques por controles radicales de parte de las comunidades.

“A la Misión médica la paran a revisar si de verdad lleva pacientes de gravedad y solo dejan entrar y salir dos carros para traer mercado para abastecer el municipio”, nos dijo uno de ellos.

Como en el Catatumbo las guerrillas son autoridad y a través de las armas dirimen problemas de convivencia, han circulado rumores de que algunos puestos de control en realidad son de los grupos ilegales, pero en La Silla no pudimos confirmarlo.

Además de ese video, que tiene un discurso político que utiliza el coronavirus, hay por lo menos doce panfletos que han sacado los grupos armados desde que arrancó la cuarentena, en los que ponen reglas relacionadas con la pandemia.

Son una extensión de las normas sociales que regulan la vida de la gente y que estos grupos, como una forma de control social y de expandirse, utilizan hace años, sólo que ahora sumaron a su arsenal el coronavirus, cuando antes no se metían con temas sanitarios o hacían toques de queda por un virus.

Hay panfletos del ELN, del EPL, de disidencias de las Farc en Cauca, como la Dagoberto Ramos o la Carlos Patiño; o de las Guerrillas Unidas del Pacífico, GUP, en Nariño.

“Se prohíbe la entrada y salida de lanchas que venga de otros municipios del Pacífico y que vayan a otros municipios” o “las personas de las veredas sólo pueden venir a mercar”, “a todo el hijo de puta que habra (sic) negocios de bebidas, billares, y discoteca, juego de naipe, dominó, parqués y bingo, se atienen a las consecuencias. No estamos jugando”  dice uno de las GUP, que salió el 2 de abril.

Sólo en Tumaco, por ejemplo, La Silla confirmó con dos líderes sociales que grupos que están ahí, desde el Frente Oliver Sinisterra, FOS, y el Alfonso Cano, están imponiendo sus reglas en las zonas rurales.

“No sé si es estrategia de ellos para acercarse a su comunidad, pero si ellos nos ayudan a cumplir que la gente se cuide, no tengo objeción”, nos dijo un líder de un consejo comunitario en Tumaco, donde viven con el FOS respirándoles en la nuca.

“Están haciendo eso porque ellos (armados) también le tienen miedo al virus. Esta es una oportunidad para ejercer fortaleza, ganar legitimidad”, nos dijo un líder de otro consejo comunitario en Tumaco.

El control llega al extremo de que en zonas como Candelilla, que queda al lado de la vía que comunica a Tumaco con Pasto, “la guerrilla ha quitado teléfonos, ha quitado la llave de los carros públicos para que no se movilicen”, nos contaba el padre Arnulfo Mina, que vive en ese municipio. Nos explicó que les quitan los teléfonos para “evitar que se comuniquen con otras personas. Eso puede motivar a la gente a salir, moverse, o que denuncie o grabe lo que esta pasando en la zona”.

“Ellos dicen quien entra, quien sale. Entonces la gente se está confinando, desafortunadamente, pues por una parte para prevenir el virus, pero no es la autoridad competente, es al márgen de la ley”, agrega el padre Mina. “Entonces desde ese punto de vista está grave la ausencia del Estado y hay gente que todavía no les ha llegado ayuda, es decir, gente que está aguantando hambre”.

Hay otros panfletos en los que la intención también es sacarle plata a la gente por violar la cuarentena. Como una forma de sustituir las extorsiones, que son más difíciles cuando todo el comercio está cerrado.

Por ejemplo, hay un panfleto de la disidencia Carolina Ramírez de las Farc en Putumayo, en el que cobran como ‘multa’ dos millones de pesos si son personas que vienen de otros departamentos. Igual con las lanchas que lleven más de dos personas abordo.

Panfleto de la Carolina Ramírez en Putumayo

Hay grupos armados que han ido incluso más allá, pasando de los panfletos con normas generales y multas, a amenazas de paro armado.

El ELN, que anunció que retomará operaciones militares a partir de hoy, ya pasó del panfleto con normas generales a la declaratoria de paros armados en zonas como Santa Rosa del Sur, en Bolívar, como una forma de imponer la cuarentena. Ahí sacaron un panfleto titulado ‘Paro Armado’ que dice que, “en vista de que no se han acatado las órdenes de prevención en contra del covid 19, nos vemos forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas”.

Algo parecido está pasando en Arauca, donde además del ELN está la disidencia del frente 10 de las Farc.

Una fuente del Ministerio Público que nos habló a cambio de no citarla, nos contó que el 9 de abril, guerrilleros del ELN amenazaron a unos migrantes venezolanos por no tener protección para el virus y les advirtieron que si no pasaban a Venezuela serían declarados objetivo militar.

Una semana después, la disidencia de Farc en la zona sacó un comunicado en el que se sumaban al llamado de prevención al coronavirus y amenazaron con paro armado si la gente no cumplía sus reglas, como toques de queda.

“¿En qué sentido esto legitima a los armados? pues sobre todo en la zona rural, donde no llega ni Fuerza Pública ni hay sistema de salud que aguante si el virus llega, es una forma de ellos de encontrar otra forma de control y cumplimiento de sus normas”, nos dijo esta fuente del Ministerio Público. “O si no, aquí la gente haría lo que se le da la gana y como ya no es sólo toque de queda, sino paro armado, la gente tiene más miedo y acatan”, agregó.

Pero en otros casos las cosas han escalado incluso más.

Hasta homicidios, quemas de motos y granadas

El caso que más ha disparado las alarmas de la Defensoría es el de Buenos Aires, en Cauca, donde la disidencia Jaime Martínez de las Farc había sacado un panfleto advirtiendo que nadie podía andar en billares o tiendas y el 26 de abril, presuntamente ellos lanzaron una granada a un billar que estaba abierto y dejaron cuatro heridos y tres muertos.

O en Bolívar, también en Cauca, a principios de mes, hombres del ELN llegaron a una tienda y dispararon para asustar a los que estaban tomando, pero mataron a un señor.

En Argelia, el grupo Carlos Patiño hizo un retén cerca de la entrada de la cabecera del pueblo y quemó varias motos. Lo mismo en Caloto, donde la Dagoberto Ramos puso un retén y quemó una moto por estar violando la cuarentena.

“Entre más severa la violencia, mayor costo puede tener para la legitimidad del grupo armado”, nos decía Kyle Johnson. “El asesinato, por ejemplo, puede minar cualquier consentimiento por parte de la población. En el caso de las motos quemadas, el costo sería bastante bajo o casi nulo, pues la severidad es baja”.

Estas medidas también muestran algo muy complejo y es la relación entre la población civil y los grupos armados ante este panorama y más cuando estos últimos viven del narcotráfico.

En norte del Cauca, por ejemplo, se ha fortalecido el ejercicio de control de indígenas, afros y  campesinos, que son quienes arman los retenes en las entradas de los pueblos para prevenir que foráneos lleven el contagio, y eso le ha causado problemas a los armados en el tránsito de droga a los grupos.

“Los armados están presionando en Caldono y Morales a la guardia, ellos no han podido hacer incursiones militares, presionan para que no hagamos controles y pensamos que también es para que ellos puedan pasar sus cargamentos de coca y marihuana”, nos dijo Giovanni Yule, delegado de la parte política del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

Incluso otra lideresa afro que nos pidió no citarla nos decía que a los puestos de control de las comunidades, “les ha llegado el ofrecimiento de grupos armados diciendo que ellos quieren ayudarlos, pero como lo de la Guardia es un ejercicio autónomo, dijeron que no”. Y por negarse, según ella, han crecido las amenazas de retaliaciones.

Verificamos la autonomía de estos retenes con la Defensoría del Pueblo y con una fuente de una organización internacional que está en la zona y en ambos casos nos dijeron que no tenían pruebas de que las disidencias o el ELN por ahora estén permeando estos retenes.

Sin embargo, hay zonas donde si se llegan a presentar, como por ejemplo en El Tambo, donde están en la mitad de una confrontación entre el ELN y la disidencia Carlos Patiño, “sería imposible que no esté mediado por armados”, nos dijeron en la Defensoría.

Incluso en su alerta temprana dicen que encontraron “estrategias de instrumentalización de líderes/as para la difusión de normas de conducta, así como la puesta en marcha de retenes ilegales, instrumentalizando también a miembros de la comunidad para tal efecto, especialmente en el sur occidente del país”.

En otros departamentos como Guaviare, la incidencia de la disidencia en los retenes sí es más evidente, lo que muestra cómo usan el coronavirus no sólo como una forma de aumentar su control. También que ponen a los campesinos como la carne de cañón para evitar que entre el virus.

En zona rural de San José del Guaviare y en La Macarena, en Meta, La Silla supo de retenes que hacen los presidentes de juntas de las veredas, pero “los hacen con la amenaza de la tercera instancia. Es decir, si la gente no les hace caso a ellos, pues ya saben con quién les toca entenderse después”, nos dijo una fuente humanitaria que no citamos por su seguridad y se refería a la disidencia de Gentil Duarte.

Incluso otra fuente que trabaja en una organización internacional con presencia en terreno, nos confirmó que en uno de estos retenes había milicianos y como en estos pueblos prácticamente todos se conocen, fue fácil reconocerlos. “Estaban ahí controlando que el retén sí estuviera funcionando bien”, nos dijo.

Casi la misma foto la vimos en Milán, Caquetá, donde una fuente que lo sabe de primera mano nos contó que la alcaldesa no sabía si poner toques de queda, porque las disidencias tenían eso controlado y estaban presionando a los presidentes de junta para hacer los retenes.

Con todos estos métodos, el coronavirus pone nuevamente en evidencia que en muchas zonas los armados son la autoridad. Ahora, sanitaria.

Si el virus no entra a estas zonas como hasta ahora, tal como mostramos, seguramente lo cobrarán como una victoria propia en el futuro.

Por JUANITA VÉLEZ  lasillavacia. com/los-armados-ahora-tambien-juegan-autoridad-sanitaria-76482