La Fiscalía pone fin al festín de corrupción de Aremca con las regalías de Arauca y otros departamentos
El esquema asociativo, diseñado originalmente para que los municipios pequeños unieran fuerzas y ganaran eficiencia, fue utilizado en esta ocasión como un caballo de Troya.
Aremca logró posicionarse ante alcaldías y gobernaciones como el ejecutor ideal de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías (SGR), una fuente de recursos que históricamente ha sido el botón más codiciado por las redes de clientelismo en Colombia.
La investigación liderada por una Dirección Especializada contra la Corrupción revela que el cerebro detrás de esta asociación, junto a sus representantes legales y coordinadores financieros, diseñó una estructura que permitía burlar los principios más elementales de la contratación pública.
No hubo transparencia, no hubo publicidad y mucho menos una selección objetiva; Hubo, en cambio, una asignación a dedo de 101 proyectos que sumaban un valor exacto de 496.000 millones de pesos, una cifra que equivale al presupuesto anual de varias ciudades intermedias del país.
La captura de nueve de los presuntos responsables en ciudades como Barranquilla, Arauca y Cantagallo pone fin a un período de impunidad que se expande por varios años. Entre los detenidos figuran nombres que eran habituales en los círculos de poder regional, como Gustavo Bolaño Pastrana y Javier Ramírez Marzola, quienes ahora deben enfrentarse a la justicia por delitos que van desde el peculado por apropiación hasta el concierto para delinquir agravado.
La ironía de este caso radica en que muchos de los recursos comprometidos pertenecen al Ocad Paz, fondos destinados específicamente a reparar el tejido social en las zonas más golpeadas por el conflicto armado.
En departamentos como Córdoba y Arauca, donde la presencia del Estado ha sido históricamente precaria, el robo de estos dineros no es solo un delito financiero, sino una afrenta directa a las posibilidades de paz y estabilidad de millas de ciudadanos que esperaban obras de saneamiento básico, agricultura y alimentación que nunca llegaron.
El análisis detallado de los 101 contratos bajo sospecha revela una ambición sin precedentes. Aremca no se limitó
Uno de los capítulos más oscuros de este entramado se localiza en el departamento de Arauca, donde se han documentado pruebas materiales de la apropiación indebida de al menos 3.200 millones de pesos.
En esta zona del país, donde la vigilancia ciudadana es a menudo silenciada por la presencia de actores armados, los implicados habrían encontrado un terreno fértil para desviar recursos de regalías que debían ser sagrados.
La metodología era repetitiva: se suscribía el contrato, se desembolsaban los anticipos y la obra entraba en un estado de parálisis permanente bajo excusas técnicas o administrativas. Mientras tanto, los recursos fluían hacia las arcas de los miembros de la asociación, quienes utilizaban su influencia para silenciar las alarmas en los consejos municipales y asambleas departamentales.
La captura de tesoreras y coordinadores de planeación dentro de la misma organización confirma que el desfalco no fue obra de individuos aislados, sino de una política corporativa orientada al lucro ilícito.
A las irregularidades en la ejecución se suma un fraude tributario de proporciones masivas que afecta directamente la seguridad nacional. Aremca presuntamente dejó de retener y trasladar al Estado cerca de 14.000 millones de pesos.
El proceso judicial que ahora enfrenta a los nueve capturados es el resultado de un esfuerzo coordinado por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, una unidad de élite creada precisamente para perseguir a los “depredadores” de las regalías.
La lista de detenidos es un compendio de cargos estratégicos: Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola
La creación de Aremca como un esquema asociativo territorial (EAT) es el punto que más preocupa a los analistas de políticas públicas. Si bien la Ley 1454 de 2011 fomenta estas asociaciones para mejorar la competitividad regional, el caso actual demuestra que sin una vigilancia rigurosa, estas figuras pueden convertirse en nidos de opacidad.
Este escándalo estalla en un momento crítico para Colombia, donde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha anunciado que más de 12 billones de pesos en regalías se encuentran en riesgo de pérdida por irregularidades similares en todo el país. El caso de Aremca es la punta del iceberg de una crisis de gobernanza que amenaza con deslegitimar el Sistema General de Regalías. Mientras los implicados son presentes
