Hermano de Álvaro Uribe es condenado por el caso de Los 12 Apóstoles
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en última instancia la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al hallarlo responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado por su participación en la organización criminal conocida como “Los 12 Apóstoles”.
La decisión pone fin a uno de los procesos judiciales más emblemáticos y prolongados de la historia reciente de Colombia, una investigación que se remonta a mediados de la década de los noventa y que buscó establecer la existencia de una estructura ilegal señalada de ejecutar acciones de “limpieza social” en el norte de Antioquia.
Al revisar el caso bajo la figura de la doble conformidad, debido a que Santiago Uribe había sido absuelto en primera instancia y condenado posteriormente por el Tribunal Superior de Medellín, la Corte Suprema ratificó la sentencia condenatoria y concluyó que existían pruebas suficientes para mantener la responsabilidad penal del procesado.
El alto tribunal consideró acreditado que Uribe Vélez participó en la conformación, financiación y apoyo de la organización ilegal que operó en Yarumal, Antioquia, y que estuvo vinculada a múltiples homicidios ocurridos en la región.
Uno de los hechos centrales del proceso fue el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de una chiva que cubría la ruta entre Campamento y Yarumal, quien fue señalado por el grupo criminal como supuesto colaborador de la guerrilla y posteriormente asesinado por sicarios.
Según la sentencia, Santiago Uribe habría participado en la recolección de información sobre las víctimas y en la definición de acciones ejecutadas por integrantes de la organización.
Los testimonios que pesaron en el fallo
La Corte otorgó especial valor probatorio a los testimonios de varios exintegrantes de estructuras paramilitares, así como a las declaraciones del exteniente de la Policía Juan Carlos Meneses, considerado uno de los principales testigos del caso.
Meneses aseguró que la organización contaba con apoyo logístico y financiero, y vinculó directamente a Santiago Uribe con el funcionamiento del grupo ilegal.
Igualmente, los magistrados tuvieron en cuenta declaraciones de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, quien afirmó haber recibido información de Carlos Castaño sobre la existencia de una estructura armada en Yarumal que, según su relato, estaba relacionada con Santiago Uribe.
Para la Corte, estos testimonios fueron corroborados con otras pruebas documentales y testimoniales que permitieron establecer la existencia de vínculos entre el condenado y la organización criminal.
La decisión se produjo pocos días antes de que prescribiera uno de los delitos investigados. El expediente llegó a la Sala Penal el pasado 27 de marzo y el delito de concierto para delinquir tenía como fecha límite de prescripción el 9 de junio.
Por tratarse de un proceso adelantado bajo la Ley 600 de 2000, la Corte no requirió audiencia pública ni admisión de recursos, sino que emitió directamente la sentencia definitiva.
Repercusiones políticas y judiciales
La ratificación de la condena representa un nuevo capítulo en uno de los procesos más sensibles relacionados con el fenómeno paramilitar en Colombia y seguramente tendrá repercusiones en el escenario político nacional debido a la relevancia pública de la familia Uribe.
Mientras tanto, la defensa de Santiago Uribe ha sostenido durante años que el proceso estuvo basado en testimonios contradictorios y que su cliente es inocente de los cargos atribuidos.
Con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia deja en firme una condena que marca el cierre judicial de un expediente que durante más de tres décadas ocupó la atención de fiscales, jueces, organismos de investigación y la opinión pública colombiana.
