Francotiradores, reclutamiento en colegios y secuestro: crece la guerra en Arauca
La Instancia Especial de Mujeres lanzó varias alertas sobre el recrudecimiento de la violencia en el departamento. Según la Defensoría, en 2025 han sido secuestradas 51 personas. Funcionarios del Estado han renunciado ante las amenazas. ¿Cómo se vive la crisis?
Organizaciones sociales del departamento de Arauca han empezado a dar serias alertas sobre la situación de recrudecimiento de violencia del departamento. El llamado más reciente fue de la Instancia Especial de Mujeres, que les pide a las autoridades poner el foco en los enfrentamientos entre grupos armados, pero sobre todo en la victimización de niños y niñas en el conflicto.
Los enfrentamientos entre estructuras ilegales han escalado a niveles alarmantes. Atentados, secuestros, desapariciones y asesinatos son el pan de cada día en la región, que es disputada por la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC.
Las víctimas más vulnerables son, una vez más, los menores de edad, quienes no solo sufren las consecuencias del conflicto, sino que se han convertido en objetivos directos de los grupos armados.
Según denuncias, niños y jóvenes han sido asesinados y desaparecidos, mientras que los reclutamientos forzados ocurren incluso a las puertas de los colegios, donde los armados seleccionan a sus próximas víctimas.
Así se vive la crisis de violencia en Arauca
Entre las denuncias más graves está que las tácticas de violencia han incorporando nuevas formas de terror que afectan a la población civil. “Francotiradores acechan a la población, atentados a vehículos, haciendo del miedo una norma de vida”, explica la Instancia.
El escenario de horror se repite en todo el territorio. La Instancia afirma que cuerpos de civiles han aparecido abandonados en carreteras y zonas rurales y “se han vuelto parte del paisaje cotidiano”.
Además, dice la denuncia, el desplazamiento forzado se ha incrementado exponencialmente. “Familias enteras huyen, no solo por amenazas, sino tras presenciar el asesinato de sus seres queridos”, dice la Instancia Especial.
Las amenazas constantes han puesto en jaque a defensores y defensoras de derechos humanos, quienes junto a sus familias se encuentran en riesgo inminente. Incluso los funcionarios del Estado, responsables de garantizar la seguridad y los derechos de la población, se han visto obligados a renunciar ante la ausencia de garantías que protejan su labor.
De acuerdo con uno de los habitantes que habló con la Instancia y a quien se le protege el nombre por seguridad, el municipio de Puerto Rondón es uno de los más afectados con varios hechos de confinamiento, especialmente entre su población indígena. Otros hechos como homicidios, atentados y secuestros se han presentando en Tame, Saravena y Arauquita.
“En los municipios hay mucho hostigamiento de los grupos armados, pero también hay variedad de los delitos y hechos victimizantes, como reclutamiento, desplazamiento forzado, desaparición de las personas, secuestro. La mayoría de los municipios están siendo afectados”, dice este habitante.
Y agrega que el secuestro se ha convertido en la principal fuente de financiación de los grupos. “El secuestro es el gran trofeo para ellos porque es que de ahí se sostienen ellos, secuestrando”, afirma.
La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado sobre la situación de seguridad en el departamento. El martes, la entidad rechazó el secuestro de cinco personas que viajaban del norte de Casanare hacia Arauca y exigió su liberación inmediata.
“La situación en el departamento de Arauca es alarmante: en 2025, han sido secuestradas 51 personas; cinco fueron asesinadas, 18 siguen en cautiverio y 28 fueron liberadas. Estamos al frente de este y todos los hechos, y ofrecemos nuestra mediación para garantizar su pronta libertad”, afirmó la entidad en su cuenta de X (antes Twitter).
Hasta ahora, la respuesta estatal se ha dado por parte de las Fuerzas Militares. El martes, el Ejército anunció que la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 8 (FUDRA 8), desplegó más de 1.700 soldados en los siete municipios de este departamento para “atacar con contundencia a los grupos armados organizados que amenazan la seguridad de la Orinoquía colombiana”, dijo también en X.
El gobernador de Arauca, César Ortiz Zorro, afirmó que sobre el caso del secuestro masivo ya se activó el mecanismo de seguridad para hacer seguimiento a la situación.
Las peticiones al Gobierno Petro
Todo este panorama de violencia llevó a la Instancia Especial de Mujeres, que tiene presencia en los territorios y vínculos estrechos con líderes y lideresas sociales, a hacerle tres exigencias al Gobierno.
La primera es tener una respuesta inmediata y efectiva, con acciones coordinadas entre las instituciones nacionales y territoriales para activar los mecanismos de protección necesarios. La comunidad internacional también es instada a intervenir mediante mecanismos diplomáticos y políticos que presionen al Estado para frenar el desplazamiento forzado, garantizar la seguridad y evitar el reclutamiento de menores en el conflicto.
El último llamado es a los medios de comunicación. “La cobertura rigurosa de esta crisis no solo permite visibilizar la magnitud de la tragedia, sino que también puede convertirse en un instrumento de protección para la población civil. Romper el silencio es fundamental para frenar la impunidad”, dice el comunicado.
