Cámara aprueba Ley de Seguridad Ciudadana

La plenaria de la Cámara aprobó el pasado lunes el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, presentado por el Gobierno y que tenía mensaje de urgencia y prelación en la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Legislativo.

Al respecto, el ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó su complacencia por el aval y puso de presente que la iniciativa surgió “ante la petición hecha por los ciudadanos al Gobierno Nacional de garantizar la seguridad y tranquilidad para todos, después de los hechos de vandalismo y bloqueos llevados a cabo en las jornadas de protesta“.

Precisó el funcionario además que “este es un proyecto que integra los tres elementos fundamentales para lograr la seguridad ciudadana: seguridad en la defensa, la convivencia y la justicia”, y describió que esta ley es para “esa mujer que se monta todos los días al Transmilenio con temor de ser atracada con cuchillo por un ladrón para quitarle su celular y a la siguiente semana nuevamente volverla  a robar con toda tranquilidad.

Ahora estas faltas serán de tipo penal. Esta ley también es para el comerciante que termina con sus ventanas rotas después del paso de una manifestación, el joven que sale en su bicicleta y se la roban, para el  ciudadano que en un parque encuentra al jíbaro con un arma traumática amenazándolo y para el  campesino que extorsionan en su vereda”.

En conclusión, advirtió, “con esta ley se brindan instrumentos a los jueces para sancionar a quienes desestabilizan la tranquilidad a los colombianos”.

Por su parte, la representante María José Pizarro, del Pacto Histórico, cuestionó que la norma está pensada “para castigar la movilización social. Estatuto de Seguridad de Turbay 2021. Crea delitos innecesarios y penas desproporcionadas, que no previenen los delitos. Es decir, más miedo con el discurso de seguridad. Entre ellas al movimiento indígena en su proceso de liberación de la madre tierra y a los desposeídos, no a terratenientes que invaden baldíos”.

Y agregó la opositora que el articulado, al que le resta la aprobación en la plenaria del Senado, “criminaliza la protesta, facilita la judicialización y encarcelamiento de manifestantes y defensores de Derechos Humanos en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente al legítimo derecho a la protesta”.

El coronel (r) José Espejo, analista en temas de seguridad, asegura que el proyecto, en el aspecto que contempla incluir como agravantes dentro del delito de violencia contra servidor público, cuando la conducta se comete contra miembro de Fuerza Pública, es de “vital importancia” porque garantiza la seguridad de los uniformados.

“Esto blinda  a los agentes que en un momento están cumpliendo con su deber y son agredidas debido a que en el imaginario la situación no pasa de allí, es decir, no hay una herramienta jurídica que proteja al uniformado. Este proyecto coloca las bases para el respeto de la Fuerza Pública”, señala Espejo.

La iniciativa también contempla el aumento de las penas para el delito de homicidio cuando se cometa en contra de un uniformado.