Alerta por reclutamiento de niños en cinco zonas
Un informe analizó riesgos para menores en territorios afectados por el conflicto.
Buenaventura (Valle del Cauca), Tibú, El Tarra y La Gabarra (Norte de Santander) y Tumaco (Nariño) son algunos de los municipios con mayor riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad.
Así lo deja ver un informe del Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes (Oprob) que será presentado hoy en Bogotá e hizo un análisis de la situación de los derechos de los niños en cinco departamentos: Norte de Santander, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Nariño.
Este informe, en el que participaron las ONG Benposta Nación de Muchachos, Oxfam Colombia y Humanidad Vigente, describe que en contextos de violencia los menores de edad están expuestos a delitos de reclutamiento forzado y abusos.
De hecho, cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica recogen que entre 1960 y 2016, unos 16.879 niños fueron reclutados a la fuerza en el país. E informes del secretario general de la ONU muestran que en 2017 hubo 169 casos de reclutamiento, y la cifra llegó a 293 víctimas en 2018.
“El reclutamiento y la utilización de menores siguen siendo una práctica generalizada y sistemática que se adapta a las nuevas demandas del conflicto armado. Las amenazas, las falsas promesas de mejores condiciones, la irrupción en escuelas y la débil presencia del Gobierno han hecho que miles de niños pasen a ser parte de las filas de grupos armados”, dijo Olga Silva, de Humanidad Vigente.
Los mayores reclutadores de menores, según informes del secretario general de la ONU, son las disidencias de las Farc, que habrían reclutado a 82 niños en 2018, seguidas por el Eln, con 69 menores, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también llamadas ‘clan del Golfo’, que habrían sido responsables de reclutar a 12 menores de edad.
Además del riesgo de reclutamiento, el informe del Oprob refiere que hay un alto riesgo de sufrir violencia sexual, y hubo casos en los cinco departamentos analizados, aunque, como lo revela el observatorio, hay un subregistro muy alto, puesto que las comunidades tienen temor a denunciar “por la presencia de los actores armados, la falta de una acción efectiva de las autoridades judiciales contra los responsables y la falta de confianza en las instituciones públicas”, explicó Sandra Mojica, gerente del Programa de derecho a justicia de Oxfam en Colombia.
El observatorio también alertó sobre el crecimiento de niñas venezolanas víctimas de explotación sexual en lugares públicos. Al respecto, Carlos Mejía, director de Oxfam Colombia, indicó que esto muestra que el Estado no solo tiene el reto de proteger los derechos de los niños colombianos, sino también el de atender a los cientos de migrantes venezolanos.
Por esto, el observatorio culminó su informe con unas recomendaciones para el Gobierno en materia de política pública de prevención del reclutamiento y violencia sexual contra menores.
Entre las recomendaciones figuran fortalecer acciones para prevenir la violencia intrafamiliar, abrir espacios formales para la participación de los menores en la formulación de planes para prevenir el reclutamiento y violencia sexual, y generar medidas para promover la estabilización socioeconómica de las familias en territorios priorizados por riesgos contra los menores. En ese sentido, se sugiere apoyar los programas de sustitución de cultivos ilícitos, puesto que estos cultivos traen violencia a los territorios.
Mejía agregó que varias de las recomendaciones hechas por el observatorio van de la mano con un cumplimiento más efectivo de los acuerdos de paz “porque esto toca los asuntos estructurales detrás del conflicto: acceso a la tierra, reducción de brechas de desigualdades, derechos básicos, alternativas económicas sostenibles para el campo”, concluyó.
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