Arauca, Cauca y Antioquia: los territorios donde la democracia enfrenta más violencia
La democracia colombiana llega herida a las elecciones presidenciales de 2026. El más reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) advierte que el país atraviesa un preocupante recrudecimiento de la violencia político-electoral y ubica a Arauca entre los departamentos más golpeados por amenazas, atentados y homicidios contra dirigentes y actores políticos.
El documento, titulado “Sexto Informe de Violencia Político-Electoral”, revela que entre marzo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 226 hechos violentos que dejaron 267 víctimas únicas en Colombia. El dato más alarmante: en pleno calendario electoral, prácticamente cada dos días una persona vinculada a la política fue víctima de amenazas, atentados, secuestros o asesinatos.
En medio de ese panorama nacional, Arauca aparece nuevamente como uno de los territorios más críticos del país.
Según el informe de Pares, Arauca acumuló 11 hechos de violencia político-electoral durante el periodo analizado, una cifra que lo ubica entre los departamentos con mayores niveles de afectación en Colombia.
El departamento quedó al mismo nivel de Nariño y por encima de regiones históricamente golpeadas por la violencia política como Norte de Santander, Santander, Córdoba, Meta o Casanare.
Los hechos victimizantes se registran en 28 (87 %) de los 32 departamentos de Colombia, más la capital colombiana, Bogotá. Se concentran en Cauca (23); Tolima (18) Antioquia (15); Valle del Cauca (12); Nariño (11); Arauca (11); Bogotá (10); Norte de Santander (9); Cundinamarca (8); Córdoba (8) Huila (7); Santander (7); Quindío (7); Chocó (7); Bolívar (6); Sucre (6); Magdalena (6); Atlántico (6); La Guajira (6); Meta (5); Risaralda (5); Boyacá (4); Caldas (4); Caquetá (4); Casanare (4); Cesar (4); Guaviare (4) y Vichada (1)
La situación confirma lo que desde hace años denuncian líderes sociales, periodistas y actores políticos en la región: en Arauca la actividad política continúa desarrollándose bajo presión armada, intimidaciones y riesgos permanentes para quienes ejercen liderazgo público.
Uno de los casos más sensibles expuestos en el informe es el de la representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido Martín, del partido Cambio Radical.
Pares documentó que la congresista habría sido amenazada en dos ocasiones durante el calendario electoral, específicamente en mayo y julio de 2025, por disidencias de las FARC.
El caso refleja cómo incluso figuras con representación nacional no escapan del deterioro de las garantías de seguridad en el departamento.
La reiteración de amenazas contra una congresista evidencia además la capacidad de presión que aún conservan estructuras armadas ilegales en zonas estratégicas de frontera como Arauca.
Uno de los elementos más preocupantes del informe es que los ataques no están dirigidos exclusivamente contra un solo sector político.
Las víctimas registradas pertenecen a partidos de todas las tendencias ideológicas: Centro Democrático, Partido Liberal, Cambio Radical, Colombia Humana, Partido Conservador y Alianza Verde, entre otros.
Para Pares, esto demuestra que la violencia política en Colombia no responde únicamente a disputas partidistas, sino a dinámicas territoriales de control armado, intimidación y debilitamiento institucional.
El informe concluye que los principales blancos de la violencia son los liderazgos locales.
Los concejales encabezan la lista de víctimas con 77 casos registrados, seguidos por candidatos políticos y alcaldes municipales.
La organización advierte que muchos de estos dirigentes carecen de esquemas de seguridad y enfrentan amenazas directas en municipios donde persisten economías ilegales, presencia de grupos armados y débil capacidad institucional.
En departamentos como Arauca, donde históricamente han operado estructuras del ELN y disidencias armadas, el riesgo para actores políticos locales sigue siendo elevado.
Aunque el Cauca encabeza el listado nacional con 23 hechos violentos, Arauca continúa apareciendo de forma recurrente entre los departamentos más afectados.
El informe nacional muestra que la violencia político-electoral no se concentra únicamente en el suroccidente colombiano, sino también en corredores estratégicos del oriente del país, especialmente zonas fronterizas y territorios con presencia armada histórica.
El informe de Pares también revela que:
- el 57 % de los hechos registrados corresponden a amenazas;
- el 27 % a atentados;
- el 13 % a homicidios;
- y el 4 % a secuestros.
Sin embargo, uno de los datos más inquietantes es que en el 78 % de los casos no ha sido posible identificar a los responsables.
Aun así, las disidencias de las FARC aparecen como el principal actor señalado en los casos donde sí existe una hipótesis sobre los perpetradores.
A pocos días de las elecciones presidenciales, el informe deja una advertencia contundente: la violencia política en Colombia no está disminuyendo, sino intensificándose.
El aumento del 27 % en los hechos violentos frente al informe anterior refleja un deterioro progresivo de las garantías democráticas en varias regiones del país.
