Acusar para asesinar, la lógica violenta que enfrentan líderes en Arauca
El secuestro y asesinato del líder indígena Reinaldo Campos, gobernador del resguardo Macarieros del pueblo makaguan, en Tame, ha vuelto a poner en el centro del debate la situación de riesgo que enfrentan las organizaciones sociales e indígenas en el departamento de Arauca.
Campos fue retenido por hombres armados y posteriormente hallado sin vida, en un hecho que, según autoridades, está siendo investigado junto con una serie de amenazas previas en su contra. Días antes de su muerte, circuló un panfleto y un audio en los que se le advertía sobre la realización de una asamblea indígena y se cuestionaba su liderazgo.
Aunque la autenticidad de estos elementos sigue en verificación, el caso se suma a un patrón advertido por organismos nacionales e internacionales, los señalamientos contra líderes sociales como antesala de hechos de violencia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado que en regiones como Arauca existe un patrón persistente de agresiones contra personas defensoras, en el que las amenazas y la estigmatización suelen preceder homicidios, secuestros y otros ataques.
En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo ha advertido que los grupos armados ilegales ejercen presión sobre las comunidades mediante acusaciones que buscan controlar la vida social y organizativa en los territorios.
En Arauca, donde operan estructuras como disidencias de las FARC-EP y el ELN, los señalamientos se han convertido en una práctica recurrente. Los grupos no solo se enfrentan entre sí, sino que trasladan esa confrontación a la población civil, acusando a líderes y organizaciones de tener vínculos directos con el adversario.
Estas acusaciones, muchas veces difundidas a través de panfletos o audios, generan consecuencias directas, hacen que se aumente el riesgo de amenazas, desplazamientos y homicidios entre estas poblaciones.
Cifras que reflejan la gravedad
• Más de 1.500 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016, según registros de la Defensoría del Pueblo.
• Solo en 2025, organizaciones de derechos humanos reportaron más de 180 homicidios de líderes en el país.
• En Arauca, la tendencia se mantiene: 12 líderes asesinados en 2022, 7 en 2023 y cerca de 19 en 2024, 5 en 2025 y 3 en lo corrido de 2026:
• Reinaldo Campos (abril 2026): Asesinado en la vía Tame – Puerto Rondón. Era líder indígena reconocido y contaba con amenazas.
• Pedro y Juan Carlos Murcia (febrero 2026): Líderes sociales asesinados en la vía Tame-Fortul.
• Rhonald Sneyder Trujillo (enero 2026): Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Miraflores en Arauquita, asesinado en Tame.
A esto se suma la advertencia de organismos internacionales sobre los altos niveles de impunidad, lo que contribuye a la repetición de estos hechos.
El asesinato de Campos tiene un impacto que va más allá del hecho individual. El pueblo makaguan cuenta con medidas especiales de protección debido a su riesgo de desaparición física y cultural, lo que agrava la situación.
Organizaciones indígenas han advertido que los señalamientos debilitan sus procesos internos, generan desconfianza y ponen en riesgo a autoridades tradicionales que ejercen liderazgo en sus territorios.
Tras el crimen, organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteraron el llamado al Estado colombiano para adelantar una investigación pronta y exhaustiva, así como fortalecer las medidas de protección para líderes sociales e indígenas en Arauca.
El caso de Reinaldo Campos se suma a una serie de hechos que reflejan una realidad persistente en varias regiones del país: los señalamientos contra líderes sociales no solo estigmatizan, sino que pueden convertirse en un factor determinante en escenarios de violencia.
En Arauca, donde la presencia de grupos armados continúa afectando a las comunidades, la combinación de amenazas, acusaciones y control territorial mantiene en riesgo constante a quienes ejercen liderazgo social e indígena.
