Muerte de ingeniero secuestrado reabre cuestionamientos sobre seguridad y garantías humanitarias en Arauca
La confirmación de la muerte del ingeniero en Telecomunicaciones Kevin David Ospina ha generado conmoción y rechazo en el departamento de Arauca, donde autoridades, organizaciones sociales y la ciudadanía vuelven a poner en duda las condiciones reales de seguridad en medio del conflicto armado que persiste en la región.
El cuerpo del profesional fue hallado en zona rural del municipio de Tame, específicamente en el sector conocido como Pozo Andina, luego de permanecer más de tres semanas privado de la libertad por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su fallecimiento se conoce tras 24 días de incertidumbre para su familia, que durante este tiempo mantuvo la esperanza de un desenlace distinto.
Ospina había sido retenido el pasado 7 de diciembre cuando se desplazaba en motocicleta. En el mismo hecho fue secuestrado otro hombre, quien posteriormente recuperó su libertad mediante la mediación de una comisión humanitaria conformada por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el ingeniero continuó en cautiverio, sin que se lograra su liberación.
El caso ha provocado fuertes cuestionamientos frente al respeto por los principios humanitarios y al cumplimiento de compromisos anunciados por los grupos armados ilegales. El asesinato ocurrió mientras el ELN mantenía vigente un cese unilateral de hostilidades, lo que ha generado reacciones críticas desde distintos sectores que consideran el hecho como una grave contradicción frente a los anuncios públicos de desescalamiento del conflicto.
Para líderes sociales y defensores de derechos humanos, este crimen no solo enluta a una familia, sino que evidencia la vulnerabilidad en la que permanecen los civiles en amplias zonas del departamento, donde la presencia estatal sigue siendo limitada y la violencia continúa condicionando la vida cotidiana.
Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes, mientras crece el llamado para que se adopten medidas urgentes que garanticen la protección de la población civil y eviten que hechos como este sigan repitiéndose en Arauca, un territorio marcado por años de confrontación armada y profundas afectaciones sociales.
