Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía

En septiembre de 2018, en Castilla la Nueva, Meta, el líder ambiental Gustavo Carrión, fue aprehendido por la Policía y señalado de múltiples delitos, entre ellos el de  terrorismo. Carrión había protestado junto a su comunidad por la supuesta contaminación del agua en la zona por cuenta de Ecopetrol. Quince días más tarde fue puesto en libertad porque, según una juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron insuficientes.

En enero de ese mismo año, Ecopetrol firmó un convenio de cooperación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, por más de 17.000 millones de pesos. Este acuerdo estuvo vigente hasta diciembre del mismo año y abarcó varios departamentos, entre ellos el Meta. El objeto del acuerdo era reforzar la “capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a la empresa, sus grupos empresariales y asociadas”, y que corresponden a delitos como aquellos por los que fue señalado Carrión.

En Castilla la Nueva y otros municipios, Ecopetrol firmó otro convenio de cooperación, esta vez con las Fuerzas Militares, por más de 14.000 millones de pesos. De ese monto, más de 2.800 millones fueron destinados al ‘bienestar personal’ de miembros del Ejército, según el anexo 2 del documento.

En zonas de actividad extractiva, donde las comunidades se organizan para protestar por sus derechos, la relación económica que suponen estos convenios plantea a las instituciones públicas un dilema ético, pues de ellas se espera imparcialidad. Mientras que empresas como Ecopetrol consideran que no existe un conflicto de intereses, la abogada de derechos humanos, Liria Manrique, y el director de Indepaz, Camilo González afirman que los convenios pueden dar lugar a una asimetría jurídica.

Lo cuestionable

Después de revisar 200 convenios de cooperación, Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio encontraron aspectos cuestionables en la forma como las empresas entregan dinero a las Fuerzas Militares y a la Policía. La resolución 5342 de 2014 del Ministerio de Defensa advierte que los convenios de colaboración entre privados y estatales sólo son posibles cuando favorecen la seguridad nacional. “Esta asociación irá dirigida al desarrollo conjunto de actividades que tengan relación con la defensa y seguridad nacional”, dice el documento. En los contratos, en cambio, el Ministerio de Defensa puede acordar un pago por algún servicio.

Sin embargo, los documentos disponibles en esta base de datos muestran que los dineros fueron invertidos en actividades que no se relacionan directamente con proteger el territorio, ni con la seguridad nacional, ni con el accionar de la empresa estipulado en los objetos de los 200 convenios.

Entre los acuerdos de colaboración encontrados, algunos destinan una parte del presupuesto para el “bienestar personal de los funcionarios”. En las actas de liquidación de los convenios es evidente que el “bienestar” de militares y policías no está relacionado con sus actividades dentro de la institución, sino que consiste más bien en estímulos. Por ejemplo, el convenio  12- 031, entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol, gastó 470.749.660 de pesos en planes turísticos para miembros de la Fuerza Aérea.

El Ministerio de Defensa no solo destinó dinero de los convenios para el bienestar personal de los funcionarios; también invirtió en el ‘bienestar espiritual’: la construcción y mantenimiento de capillas. Así lo refleja el convenio 13- 047, celebrado entre la Compañía Española de Petróleos, Cepsa y el Ministerio de Defensa, que incluye un gasto de 45 millones de pesos en la construcción de la capilla de la Octava División del Ejército. Esta misma empresa firmó el convenio 14- 016, que dispuso 20 millones de pesos para el mantenimiento la capilla de la Séptima Brigada.

La investigación también arrojó que los dineros están siendo invertidos por fuera de los territorios donde el convenio dice tener vigencia. Es el caso del convenio 12-031, para los departamentos de Arauca, Putumayo y Nariño, que destinó 3.700 millones de pesos a la construcción de la Escuela de Helicópteros CACOM 4 en Flandes, Tolima.

Ese mismo convenio, vigente entre el 4 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, firmado por Ecopetrol y el Ministerio de Defensa, también menciona que se invirtieron 1.430.005.515 de pesos en el “mejoramiento infraestructura de alojamientos de la guarnición militar de Bogotá”.

Además se identificaron casos donde la empresa manifiesta no tener soporte de algunos gastos por parte de la entidad pública. Un ejemplo es el convenio 006 -2016, suscrito entre Amerisur Exploration y el Ministerio de Defensa. En el acta, la empresa manifiesta irregularidades en los documentos de gastos por 639 millones de pesos, y solicita Inspección General del Ejército porque no hay soportes de algunos gastos.

¿Convenios para qué?

En Colombia, más de 70 empresas nacionales e internacionales, principalmente del sector minero-energético, celebran convenios de cooperación con instituciones públicas como el Ministerio de Defensa, integrado por las Fuerzas Militares; con la Policía e incluso con la Fiscalía General de Nación.

Estos convenios existen desde 1996, pero solo fueron regulados por el Ministerio de Defensa en 2014, mediante la resolución 5342. Cuando se hacen con la Fuerza Pública contemplan aportes en dinero y especie a las instituciones a cambio de que presten seguridad y vigilancia a las actividades e instalaciones de las empresas.

Cuando se trata de acuerdos con la Fiscalía, todas las partes que firman aportan recursos. A su vez, la Fiscalía se compromete a priorizar casos y poner especial atención en reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de delitos que afecten las operaciones de las empresas, como está registrado en el convenio entre las Estructuras de Apoyo y Ecopetrol.

La Fiscalía cumple su compromiso a través de las llamadas Estructuras de Apoyo, EDA, divisiones destinadas exclusivamente a delitos contra el sector de hidrocarburos. Desde 2013, las Fiscalías EDA en Arauca, Casanare y Meta ampliaron su campo de acción para investigar delitos de terrorismo, secuestro, violación de la libertad de trabajo, concierto para delinquir y obstrucción a vías que afecten el orden público.

Según la resolución que regula los convenios, estos se celebran solo cuando están dirigidos a la defensa y la seguridad nacional, en un contexto donde el sector minero-energético, sobre todo el de hidrocarburos, ha sido por décadas blanco de grupos armados ilegales. Las voladuras de oleoductos, el secuestro o la extorsión de miembros de algunas de estas empresas son algunos ejemplos de esa situación.

Ante este escenario, el propósito de los convenios es proteger la infraestructura de las empresas y judicializar de manera prioritaria a quienes atenten contra ellas. Todo por la seguridad nacional.

Los convenios, sin embargo, se desvían de su propósito inicial e incluso sirven para financiar otras prácticas. El senador Iván Cepeda; la abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, Rosa María Mateus; y el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González, se muestran preocupados ante aspectos de estos convenios que pueden derivar en la violación de derechos humanos. González critica episodios cuando cualquier ciudadano “quiere entrar a la empresa y es atendido por la Fuerza Pública. Es la militarización de las organizaciones”, dice.

Activistas ambientales y sindicales de territorios donde hay convenios vigentes, como el Meta y el Casanare, dicen haber sido víctimas de abusos de fuerza y persecuciones por parte de la Fuerza Pública. Además, líderes sociales han sido judicializados como supuestos terroristas, tras criticar las actuaciones de las empresas.

Algunos ejemplos son las historias que documentaron Rutas del Conflicto y La Liga sobre Héctor Sánchez y Gustavo Carrión, ambos líderes por la defensa del territorio en el Meta, quienes fueron señalados y judicializados por supuesto terrorismo. Sin embargo, en los procesos la Fiscalía no pudo demostrar la relación entre los delitos y los líderes.

Estos dos casos son una muestra de cómo operan los convenios de cooperación entre instituciones y empresas. Por una parte, las compañías financian al Ministerio de Defensa y la Fiscalía; y por la otra, fungen como víctimas en procesos judiciales en los que sus actividades se vieron afectadas. Para la abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, Rosa María Mateus, los líderes y las empresas no están en igualdad de condiciones jurídicas cuando hay convenios vigentes. “Estos convenios son una excusa para privatizar la justicia y deslegitimar los procesos organizativos de los líderes en región”, dice.

Para algunos expertos, estos convenios formalizan un trato entre las empresas y las entidades del Estado. La situación es mucho más compleja si se tiene en cuenta que varias de las empresas, registradas en la base de datos, ya tienen señalamientos por violaciones de derechos humanos. Es el caso de las mineras Drummond y Prodeco. Ambas empresas fueron señaladas por presuntamente financiar a paramilitares entre 1996 y 2006, según el informe ‘El lado Oscuro del Carbón’ de Pax  Christi, un movimiento católico internacional por la paz. Además, en octubre de 2018, la Fiscalía inició una nueva investigación contra los directivos de la Drummond por, presuntamente, entregar dinero a paramilitares a cambio de seguridad.

De igual modo, la empresa Ecopetrol es denunciada en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Con licencia para desplazar, por haber trasladado al jefe paramilitar Mancuso en un helicóptero de la compañía.

En la revisión de los 200 convenios de cooperación entre instituciones públicas y empresas, Rutas del Conflicto y La Liga registraron acuerdos por sumas entre 220 millones y 61 mil millones de pesos. Para el senador Iván Cepeda, quien en 2015 convocó a un debate de control político en el Congreso sobre estos convenios, estos montos hacen que “las empresas puedan volverse de facto los jefes de las unidades del Ejército y la Policía”, pues dan los recursos para que los Batallones Energéticos y Viales les presten sus servicios.

Para responder estas interrogantes, el 13 de febrero de 2019, a través de un derecho de petición, se consultó al Ministerio de Defensa sobre su responsabilidad en los convenios, pero no hubo respuesta. El 1 de abril de 2019 se instauró una tutela y fue entonces cuando el Ministerio se comprometió a enviar la información a través del Departamento de Logística del Ejército. Esta respuesta nunca llegó.

Por la misma vía se le preguntó a Ecopetrol e Isagen, empresas de capital mixto registradas en la base de datos, si consideraban que los convenios podrían derivar en un trato preferencial de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Isagen respondió que “periódicamente actualiza el análisis de riesgos e impactos en derechos humanos con el objetivo de lograr una operación atenta y responsable que puedan presentarse con sus centros productivos”. (Consulte la respuesta al derecho de petición aquí).

Por su parte, Ecopetrol consideró que ese análisis está incorporado en el objeto de los convenios suscritos con la Fiscalía, en la parte que dice: “Aunar esfuerzos para fortalecer la capacidad investigativa y judicialización, dentro del marco de las funciones constitucionales y legales de estas entidades, adoptando criterios de priorización de situaciones y casos relacionados con conductas delictivas cuyas consecuencias las sufra Ecopetrol, las empresas de su grupo empresarial y/o las empresas asociadas.” (Consulte la respuesta al derecho de petición aquí)

¿Conflicto de intereses?

Durante esta investigación se analizaron cinco convenios de colaboración entre Ecopetrol y la Fiscalía. Los documentos explican que cada uno de los firmantes aportará recursos para el funcionamiento de la Estructura de Apoyo, EDA, de la Fiscalía. Un ejemplo es el convenio 3011412 , vigente entre el 24 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, por 17 mil millones de pesos. Ecopetrol entregó 8.680 millones de pesos que se destinaron al “sostenimiento de las Estructuras de Apoyo [de la Fiscalía]: pagos de servicios públicos, mantenimiento equipo electronicos pasajes terrestres, servicio de correspondencia, servicio de telefonía celular, suministro de alimentación y  servicios generales”. La Fiscalía aportó 7.244 millones de pesos para salarios de los funcionarios judiciales.

Para la abogada Liria Manrique, defensora de algunos de los líderes judicializados por la EDA,  estos convenios “permiten una asimetría judicial a la hora de defender a quien se opone a la industria que más ingresos genera al país”. La abogada cuestiona la entrada de capital privado al aparato judicial y se pregunta cómo esto no es calificado como un conflicto de intereses, cuando procesan a un líder que abiertamente se opone a la empresa que financia, en parte, la estructura de la Fiscalía.

Fuente: Convenio 3011412. Objeto del contrato entre Fiscalía y Ecopetrol

Se consultó Ecopetrol, vía derecho de petición, si considera que existe un conflicto de intereses cuando mantiene un convenio con la Fiscalía EDA, a la que apoya económicamente, y ésta a su vez lleva un proceso judicial contra una persona que es juzgada por presuntamente atentar contra la empresa. Esto, según Ecopetrol, “no atenta contra la independencia, imparcialidad y autonomía en la toma de decisiones dentro de las investigaciones que adelanta esta entidad (la Fiscalía), en las cuales Ecopetrol no tiene ninguna injerencia y su intervención especial se limita a lo que permiten las reglas del derecho penal en su calidad de víctima de estos ilícitos”, respondió la petrolera.

El 28 de mayo de 2019 se le preguntó a la Fiscalía, a través de un derecho de petición, sobre el funcionamiento y los criterios que adoptan las EDA para la identificación de los individuos que supuestamente pertenecen a organizaciones criminales. El 30 de mayo respondieron que pasaban la solicitud a la Dirección de Políticas Estratégicas. Esta dependencia respondió el 16 de julio que necesitaban mayor plazo para dar una respuesta. (Ver respuesta).

En medio de este silencio institucional, lo poco que se ha dicho públicamente sobre estos convenios parece indicar que todo marcha bien. El 17 de octubre de 2013, la Fiscalía describió, a través de un comunicado de prensa, los ‘buenos resultados’ de los convenios. Se estima que hasta ese año, la EDA realizó 813 imputaciones, que permitieron presentar a 934 detenidos ante un juez de control de garantías. Dentro del derecho de petición que Rutas del Conflicto y La Liga enviaron a la Fiscalía, se preguntó cuántos de esos casos terminaron en una condena. Tampoco hubo respuesta.

El sector de los hidrocarburos también ve con buenos ojos los convenios. En 2013, Alejandro Martínez, de la Asociación Colombiana del Petróleo, afirmó que “el sector petrolero miraba con enorme complacencia estos convenios porque se está llegando a unas mejores condiciones de orden público y seguridad a la industria, que hoy en día tiene el país para acelerar su desarrollo económico”.

Después de 23 años de vigencia, se sabe tan poco sobre estos acuerdos. Aunque la ley colombiana establece que toda la contratación con entidades estatales debe ser pública a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), acceder a la documentación sobre estos convenios es una tarea difícil. Para buscar un convenio en el Secop es necesario contar con el número de radicado, un dato que solo se puede encontrar en el mismo convenio. A esa dificultad se suma que la navegación de la herramienta web no es amigable con el usuario, y que estos documentos tienen un grado de confidencialidad y secretismo dado por el Ministerio de Defensa.

Para contribuir a la transparencia de la información pública, Rutas del Conflicto y La Liga Contra El Silencio desarrollaron el proyecto ‘Convenios de Fuerza y Justicia’, una herramienta que busca ofrecer información organizada y detallada sobre estos acuerdos de colaboración, los municipios donde están vigentes y las empresas involucradas.

A través de un mapa interactivo, el usuario podrá consultar información sobre 136 municipios donde hay o hubo convenios vigentes, sobre más de 70 empresas involucradas y el detalle de 200 convenios de colaboración suscritos entre 2004 y 2019. La información sobre el contexto de violencia en las regiones, los conflictos ambientales, los recursos destinados, las fechas de ejecución y algunos aspectos relevantes de cada documento están disponibles también para la consulta en este portal. Además, los preámbulos y algunas actas de liquidación de cada convenio están disponibles para la descarga.

Link de la base de datos:  http://rutasdelconflicto.com/convenios-fuerza-justicia/#herramienta

*Esta investigación fue publicada originalmente el 24 de julio del 2019 por los medios Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio. Colombia2020 la replica hoy, luego de haberse conocido que Rutas del Conflicto aparece entre los medios y periodistas espiados y “perfilados” por el Ejército Nacional mientras adelantaban este reportaje. Esto según las revelaciones de la Revista Semana en su investigación: “Carpetas Secretas”.

Por: elespectador. com/colombia2020/petroleras-y-mineras-financian-la-fuerza-publica-y-la-fiscalia-articulo-917617