Una buena noticia para el campo desde la Procuraduría
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, firmó el pasado 3 de febrero una resolución mediante la cual reunificó nuevamente las Procuradurías Delegadas de Asuntos Ambientales y la de Asuntos Agrarios.
Esta es una excelente noticia para la ruralidad teniendo en cuenta que unificar los criterios ambientales y agrarios es la verdadera ruta para encontrar soluciones a la inexistencia de una justicia rural que debería incluir los temas agrarios y ambientales en jueces especializados, que no tengan la consecución civilista que tienen hoy en día los funcionarios judiciales.
Ahí el tema de la propiedad se basa es en pruebas de títulos, de escrituras, de posesiones y de ocupaciones con pruebas que se les exigen a los campesinos para poder titularles la tierra a la cual tienen derecho por mandato constitucional.
Desde que existía el Incora, luego el Incoder y hoy la Agencia Nacional de Tierras, no ha existido una entidad que logre el acceso a la tierra de los campesinos y grupos étnicos y rurales como pescadores y mineros artesanales. Esta informalidad, que es la que reina en los territorios, es la que ha generado los mayores conflictos que ha sufrido el país durante los últimos 50 años.
Recordemos que en Colombia el catastro rural está desactualizado en más de un 90 por ciento. Al no haber información legal sobre la propiedad y una buena reglamentación del uso de la tierra y de los recursos hídricos, es muy poco probable poder encontrar no solo orden territorial sino el ordenamiento social agrario que requiere el mandato constitucional de una producción de alimentos sostenible y amigable con el medioambiente.
Es por eso que el hecho de que el procurador general haya reunificado estas dos delegadas da una nueva esperanza para que, con un Ministerio Público fuerte en el área rural, se puedan encontrar los caminos e instar al Gobierno nacional para que saquemos políticas agrarias y ambientales acordes a los problemas que se tienen hoy por la mala distribución de la tierra en el país, reflejados en el índice de Gini.
En ese sentido, hay que decir que la falta de ordenamiento territorial hace que los alcaldes y concejales no tengan autonomía en el territorio y no puedan determinar cuál es el mejor uso del suelo, acorde con lo que quieren sus comunidades, su vocación cultural, campesina, minera o pescadora. Eso sin olvidar el poder que les da la Constitución a los grupos étnicos, en cuya titularidad se encuentran grandes extensiones de territorios colectivos a los que no han podido encontrarles una explotación armónica.
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