Timochenko solicitó a la JEP vincular a Mancuso como testigo a los casos de crímenes de guerra en Cauca, Valle, Nariño y Urabá

Y posteriormente agregó: “Hay quienes dicen que estas verdades ya eran conocidas y que Mancuso está reciclando confesiones hechas en justicia y paz para acceder a los beneficios de la JEP; si ello fuera cierto, estaríamos ante la más grande operación de impunidad porque no hay un solo presidente de la República, gremio industrial, organización ganadera o representante político, que haya sido sancionado por apoyar, promover y ocultar las atrocidades de las AUC”.

En consecuencia, Timochenko le hizo la petición a la JEP: “Solicito que Salvatore Mancuso sea vinculado como testigo para el esclarecimiento de la verdad completa en los casos 02, 04 y 05 que juzgan las afectaciones territoriales generadas por el conflicto armado. Los lamentables hechos ocurridos en el departamento de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y la región de Urabá solo se pueden esclarecer estableciendo con claridad la participación del paramilitarismo armado, político y económico”.

Pese a que mucho de lo dicho por Mancuso ya se había escuchado durante sus audiencias en Justicia y Paz –tribunal que fue creado tras la desmovilización de los paramilitares en 2005– algunas de sus declaraciones llamaron la atención de propios y extraños sobre aquellos que apoyaron el proyecto paramilitar, conformando alianzas que fueron fundamentales para su expansión, fortalecimiento y enriquecimiento.

Sus principales revelaciones fueron:

– El excomandante paramilitar aseguró que fue reclutado, armado, entrenado por las Fuerzas Militares. El apoyo de altos mandos fue clave para el fortalecimiento del proyecto.

– Los paramilitares estuvieron detrás de la “farsa” de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL). Para esto, se reunieron con el entonces presidente Ernesto Samper Pizano y su ministro, Horacio Serpa Uribe. Los desmovilizados del EPL entraron inmediatamente a las filas de las AUC.

– Los paramilitares arrojaron a la zona fronteriza con Venezuela los cuerpos de 200 víctimas. Por petición de dirigentes políticos y mandos militares se tomó esta decisión. Mancuso se comprometió a ayudar con la búsqueda de los cuerpos.

– En la década de los noventa, el periodista Francisco Santos, el dirigente político conservador Carlos Holguín Sardi, el presidente de Fedegán Jorge Visbal Martelo, el director de Fenalco Sabas Pretelt de la Vega y el empresario César Gnecco solicitaron la creación de bloques paramilitares en diferentes departamentos para enfrentarse a la guerrilla de las Farc.

– Tras exponer en un consejo comunitario que lo iban a matar por denunciar los nexos entre la clase dirigente de Sucre y los paramilitares, el Gobierno le retiró el esquema de protección al alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz. Pocos días después, fue retenido, torturado y asesinado por las AUC por petición del gobernador Salvador Arana Sus.

– Las Autodefensas le entregaron al Gobierno la ubicación exacta de los comandantes de las Farc Rodrigo Granda, conocido como El Canciller, quien se encontraba en Venezuela, y Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes, quien estaba en la frontera con Ecuador. Esta información fue utilizada para los operativos militares.

– Los paramilitares apoyaron las campañas presidenciales de Horacio Serpa, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez en la década de los noventa.

– El DAS tenía como objetivo militar a los representantes de izquierda Gustavo Petro Urrego, Álvaro Leyva Durán y Piedad Córdoba.

– Mandos militares le pidieron a Carlos Castaño Gil ordenar el crimen del humorista Jaime Garzón Forero y del abogado Gonzalo Gallón. Tras la ejecución del primero, Castaño reversó la orden por el rechazo de la sociedad colombiana.

– Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, solicitó la ejecución de las denominadas masacres de El Aro y La Granja, registradas en julio de 1997.