S.O.S: Comunidades rurales de Hato Corozal denuncian incumplimiento de medida cautelar para el suministro de agua potable
Los habitantes aseguran que la alcaldesa Tatiana Pirabán ha desatendido reiterados llamados donde han puesto en conocimiento la crítica situación que pone en riesgo la vida de niños y ancianos.
Habitantes de varias veredas del municipio de Hato Corozal denuncian el incumplimiento reiterado de una medida cautelar judicial que ordena el suministro de agua potable a comunidades rurales, una situación que, según señalan, persiste pese a las múltiples solicitudes elevadas ante la administración municipal.
De acuerdo con líderes comunitarios de las veredas San Rafael, La Capilla, La Maraure y Altagracia, la orden judicial —proferida en el marco de una acción popular que buscaba garantizar el derecho fundamental al acceso al agua— no se ha venido cumpliendo de manera continua ni efectiva, afectando a decenas de familias y a instituciones educativas rurales.
Según los testimonios recogidos en la zona, la problemática se ha agudizado en las últimas semanas sin que se evidencien soluciones estructurales por parte de la Alcaldía de Hato Corozal, actualmente encabezada por la alcaldesa Tatiana Pirabán.
Los habitantes afirman haber realizado solicitudes formales y reportes reiterados alertando sobre la falta de agua, sin obtener respuestas claras ni acciones concretas que garanticen el cumplimiento de la medida cautelar.
Las comunidades advierten que la situación afecta de manera directa a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, población especialmente vulnerable ante la falta de un recurso esencial para la vida, la salud y la dignidad humana.
“Llevamos más de doce días sin agua. No tenemos ni para tomar. Hemos hablado, hemos pedido ayuda y nadie responde. Sentimos que nuestras necesidades no son prioridad”, expresó un campesino del sector, quien señaló que la comunidad evalúa realizar una jornada de protesta frente a las instalaciones de la Alcaldía para exigir atención institucional.
Los líderes comunitarios aseguran que han elevado peticiones a la misma Alcaldesa, mensajes que la burgomaestre ha ignorado.
Ante este escenario, la comunidad anunció que mediante un abogado ya iniciaron acciones legales para exigir el cumplimiento de la orden judicial, argumentando que tanto el nivel municipal como el departamental han sido omisos frente a una obligación claramente establecida por la justicia.
La situación también ha sido puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, entidad que ha acompañado históricamente a estas comunidades en la defensa del derecho fundamental al acceso al agua potable.
Mientras tanto, las comunidades rurales de Hato Corozal esperan que las autoridades competentes adopten medidas urgentes y efectivas para dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal y evitar que se siga profundizando la vulneración de derechos básicos en una zona que, paradójicamente, continúa esperando respuestas frente a una problemática ya reconocida por la justicia
