Red de empresas de papel en Casanare y Bogotá defraudó al Estado por más de $843.000 millones
Una compleja estructura financiera dedicada, presuntamente, a la venta de facturas falsas fue impactada por la Fiscalía General de la Nación, tras la judicialización de seis personas señaladas de simular operaciones comerciales por más de 843.000 millones de pesos, en una de las investigaciones por fraude tributario más relevantes de los últimos años.
De acuerdo con el ente acusador, los procesados habrían constituido 185 sociedades de papel utilizadas para que empresas del sector real se apropiaran ilegalmente del impuesto a las ventas (IVA) y redujeran de manera fraudulenta la base gravable del impuesto de renta, generando un detrimento al Estado que superaría los 155.000 millones de pesos. A cambio, los integrantes de la red habrían cobrado comisiones que oscilaban entre el 1 % y el 5 % del valor facturado de manera irregular.
Las investigaciones establecieron que las empresas vinculadas no contaban con proveedores nacionales, no eran importadoras y carecían de capacidad económica, logística, operativa y de personal, por lo que no tenían sustento real para las transacciones reportadas. Pese a ello, entre los años 2012 y 2022, habrían simulado millonarias operaciones comerciales inexistentes.
El caso fue adelantado por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y bajo la aplicación del Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), herramienta que permitió rastrear los movimientos financieros y documentar la magnitud del presunto fraude.
Entre los judicializados figuran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían cumplido roles como coordinadores financieros y societarios, intermediarios y representantes legales de las compañías fachada. Las capturas se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare.
Adicionalmente, la Fiscalía señaló que uno de los implicados, Jairo Bernal, habría administrado, custodiado y transformado recursos por más de 21.744 millones de pesos entre 2014 y 2025, dándoles apariencia de legalidad a través de operaciones dentro del sistema financiero.
A los procesados se les imputaron, según su grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Por decisión de un juez de control de garantías, cinco de ellos fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria y uno fue enviado a centro carcelario.
Como parte de las decisiones judiciales, también se ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas a esta red, en un nuevo golpe contra las estructuras que utilizan mecanismos fraudulentos para evadir impuestos y afectar las finanzas públicas del país.
