Rama judicial reanuda funciones en medio de la incertidumbre

A partir de este 1 de julio los juzgados del país retomarán con ciertas pautas su actividad por orden del Consejo Superior de la Judicatura, el organismo encargado de administrar el poder judicial en Colombia. Mediante acto administrativo del pasado 27 de junio, esta instancia ordenó reanudar los términos judiciales, que estaban congelados desde marzo, y fijó una serie de normas de bioseguridad para la prestación del servicio.

Si bien, en la mayoría de casos, la atención no será presencial, la Judicatura propuso un “plan de normalización” con el fin de reactivar la rama judicial en sus diferentes áreas. Lavamanos, alcohol, gel y termómetros en las entradas y señalización en los espacios comunes hacen parte de las medidas que buscan prevenir el contagio. Así mismo, se estableció que en los despachos no se podrá superar el 20 por ciento del aforo, todas las personas deberán usar tapabocas y solo se atenderá con cita previa y en horarios acordados.

Sin embargo, la apuesta más grande para poner en marcha juzgados, tribunales y cortes radica en que, tanto funcionarios judiciales y ciudadanía, no abandonen sus hogares. Es decir, las demandas, recursos y demás acciones se interpondrán a través de canales electrónicos institucionales que desde este primero de julio estarán habilitados. Y, de igual manera, jueces y magistrados dictarán sus fallos y providencias. La directriz, en síntesis, es que la rama opere haciendo todo el teletrabajo posible.

“Los servidores judiciales, como regla general, van a continuar trabajando desde sus casas. Estamos proveyendo las tecnologías para que esto sea posible”, dijo la presidenta del Consejo Superior, Diana Alexandra Remolina, al anunciar el levantamiento de la suspensión de los términos.

Esto supuso un alivio para muchos abogados litigantes que podrán retomar sus procesos después de una importante pausa a causa del virus, así como para miles de colombianos que están a la espera de una decisión judicial.

Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

El abogado penalista Jaime Lombana es optimista frente a la reapertura y aseguró que debe existir un compromiso de las diferentes partes involucradas para tener éxito: “No creo que debamos ir a las audiencias porque me parece absolutamente riesgoso. Creo, más bien, que hay que ponderar el bien jurídico de la vida con el de la administración de justicia. Debemos coincidir en un propósito en que podamos avanzar virtualmente”.

En la misma tónica se encuentra Jaime Humberto Tobar, socio fundador de Tobar & Romero Abogados, quien no sólo ve en la virtualidad una oportunidad para proteger el derecho a la justicia, sino también como una posibilidad de reducir el tiempo que suele demorarse un proceso. “Esta circunstancia nos obligó a encontrar tecnologías que nos permiten agilizar los problemas. Este es buen momento –lastima que sea por la necesidad– de que tomemos conciencia de algo que viene de muchos años atrás, del deber de avanzar en temas tecnológicos”.

Pero la decisión también encontró detractores. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) manifestó su desacuerdo y calificó de “improvisación” el accionar del Consejo Superior de la Judicatura. En un comunicado, la organización sindical advirtió que “no se cuenta con los equipos ni la conectividad para garantizar en un 100 por ciento la virtualidad que se anuncia” y que la digitalización de expedientes no se ha finalizado por falta de presupuesto. Finaliza el documento solicitando reversar la determinación.

Su presidente, Freddy Machado, insiste en que a los funcionarios judiciales no se les han dado los insumos ni las herramientas para trabajar correctamente desde sus casas. Además, enfatiza que, ante la ausencia de la digitalización de expedientes, muchos de sus compañeros han tenido que movilizarse a los complejos judiciales para poder brindar un servicio adecuado, exponiendo así su salud y la de sus familiares. “Le dijimos al Consejo Superior de la Judicatura: ‘usted es el responsable de lo que suceda de aquí en adelante’” advierte Machado.

Por su parte, el Colegio de Abogados Penalistas, que agremia a más de 3.000 litigantes del país, también tiene una opinión con ciertas reservas. Marlon Díaz, fundador y vocero de la colectividad señala que debe prevalecer la virtualidad sobre las audiencias presenciales, diferenciando cuáles pueden hacerse de una u otra manera aunque poco se avanzó al respecto durante los 100 días de suspensión de términos procesales. “Casi todas las audiencias preliminares pueden hacerse eficientemente de manera remota, salvo las concentradas; igual ocurre con las audiencias de conocimiento, salvo los juicios orales, cuyo desarrollo virtual echa al traste los principios de contradicción, oralidad y publicidad, entre otros. La justicia se debe reactivar, pero la atención presencial y acceso a sedes judiciales debe ser la mínima posible”, dice Díaz.

Pero el rezago de la justicia colombiana frente a la tecnología no es una historia nueva. Hace un poco más de un año, según le contó la presidenta del Consejo Superior al periódico El Tiempo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo venían colaborándole a la Corporación en su intento por mudar sus servicios a medios virtuales. Dicha labor no se había concluido cuando el coronavirus azotó al país. Estimaciones arrojan que la sola digitalización de los expedientes implicaría una inversión que supere los 500 millones de dólares.

Los esfuerzos también han tenido al ministerio público involucrado. A finales de febrero, durante el seminario “Digitalización de los sistemas de justicia”, el procurador Fernando Carillo hizo un llamado por lo que denominó “un pacto de Estado” en aras de perseguir la modernización de la rama judicial. En aquella ocasión, Carillo puntualizó que el principal reto de la administración de justicia era garantizar el acceso a sus ciudadanos y que para esto se requería apostar por los medios digitales.

Álvaro Namen Vargas, presidente del Consejo de Estado, también se unió a las voces que instan por una inyección económica importante para solventar el atraso tecnológico que ha quedado en evidencia con la crisis actual. En entrevista con Asuntos Legales, Namen reveló el bajo porcentaje (3 %) de inversión que dedica la rama judicial para transformarse digitalmente en contraposición a lo que gasta en funcionamiento (97 %). El magistrado agregó que el uso de plataformas virtuales forzado por la pandemia será de ahora en adelante una política del tribunal que preside.

Todo está por verse. La verdad será dicha en los próximos días a medida que los ciudadanos acudan a las plataformas dispuestas por la rama judicial. Mientras unos celebran su regreso, otros se muestran inconformes.

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