Lucha anticorrupción, una tarea pendiente para Colombia: el país retrocede en índice global
El país obtuvo 39 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024.
Colombia sigue lidiando con graves problemas de corrupción y la falta de avances significativos en la lucha contra este flagelo. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, publicado hoy, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, lo que representa un descenso de cinco puestos en el ranking global respecto a 2023, ubicándose en el puesto 92 entre 180 países.
Los países mejor puntuados en el ranking global son Dinamarca (con una calificación de 90), Finlandia (88), Singapur (84) y Nueva Zelanda (83), mientras que los tres más bajos son Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur ocupando la última posición con 8 puntos. El índice sitúa a Colombia lejos de Uruguay (76) y por encima de Argentina (37), Brasil (34), Ecuador (32) y Perú (31).
En el contexto de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo promedio fue de 65 puntos, Colombia se encuentra entre los países con más bajos resultados, solo superando a México (26) y Turquía (34).
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional es el principal indicador global sobre corrupción en el sector público. Para asignar una puntuación de 0 a 100 utiliza fuentes de datos de expertos, evaluando comportamientos como sobornos, desvío de fondos públicos y captura del Estado, además de la efectividad en mecanismos existentes para prevenir la corrupción.
El puntaje de Colombia en el IPC 2024 vuelve a mostrar estancamiento y, por lo tanto, falta de resultados.
En las Américas, el IPC tuvo un promedio de 42 puntos sobre 100, con 21 de 32 países evaluados que no logran superar la sensación de corrupción generalizada, entre los que se encuentra Colombia.
“Esta calificación refuerza una tendencia preocupante, pues cualquier puntuación por debajo de 50, indica problemas graves de corrupción. A pesar de haber tenido señales de una mejora en el indicador de años anteriores, el puntaje de Colombia en el IPC 2024 vuelve a mostrar estancamiento y, por lo tanto, falta de resultados”, señaló Transparencia por Colombia.
En 2023, el país obtuvo 40 puntos –el mejor puntaje de los últimos 12 años, desde que se hace la medición entre 0 y 100– y se ubicó en el puesto 87. En los 10 años anteriores, el país no pudo superar la barrera de los 39 puntos, los mismos que obtuvo en la más reciente medición. Fueron 39 en 2022, 2021 y 2020; 37 en 2019; 36 en 2018; 37 en 2017, 2016, 2015 y 2014, y 36 en 2013 y 2012.
Si bien este un problema estructural que el país arrastra desde años atrás, Transparencia por Colombia apuntó que, a pesar de las promesas de cambio significativo, la administración del presidente Gustavo Petro no ha logrado posicionar la lucha contra la corrupción como una prioridad estratégica y se ha visto desdibujada por los escándalos que ha enfrentado, así como por cuestionamientos persistentes en círculos cercanos al presidente.
En los últimos días, ministros de la línea ‘petrista’ del gabinete (Susana Muhamad, Gloria Inés Ramírez, Juan David Correa) decidieron presentar su renuncia irrevocable por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho advirtiendo sobre “riesgos políticos y jurídicos” por el nuevo rol del exembajador.
Perspectivas para 2025
Para el presente año, Transparencia prevé que la corrupción seguirá siendo un tema central en la agenda pública por dos temas: las investigaciones en curso sobre grandes escándalos y la anticipada campaña electoral.
“El aumento de transacciones políticas y prácticas clientelistas podría elevar los riesgos de corrupción en la asignación de recursos y la ejecución del presupuesto”, añade la organización.
Además, se subraya que el Congreso y los gobiernos locales serán protagonistas, ya que este año se debatirá la ley que redefinirá las funciones entre la nación y los territorios tras la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), un proceso que, de acuerdo con Transparencia “deberá blindarse al máximo contra la corrupción”.
Las recomendaciones
Ante este panorama, la organización plantea que el Gobierno debe poner el pie en el acelerador a instrumentos como la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno expidió en diciembre de 2024.
Asimismo, señala que el nuevo Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, deberá “demostrar rápidamente su independencia y efectividad en casos clave”.
“Si queremos avanzar hacia un país más justo, debemos priorizar el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los recursos públicos. No se trata solo de combatir la corrupción, sino de construir confianza y devolverle a la ciudadanía la certeza de que sus derechos y necesidades están en el centro de la gestión pública”, explicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Por su parte, el analista político Jaime Duarte afirmó que el resultado de Colombia en el IPC en 2024 muestra que las medidas anticorrupción implementadas hasta ahora no han sido suficientes para generar un cambio significativo en la percepción pública.
“Es fundamental que el gobierno y las instituciones colombianas refuercen sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana para restaurar la confianza en las instituciones y mejorar la posición del país en futuros índices. Y pasen del discurso del discurso a la acción, sin confundir transparencia con espectáculo o exhibición”, sostuvo.
Y, para Eduardo Piñeros, los resultados de Colombia en los últimos diez años en el IPC evidencian que la corrupción es un problema estructural que no ha sido resuelto. “Como tal, es un problema que está presente en todos los niveles de gobierno y que se extiende más allá del sector público”, dijo.
“Sin duda, puede haber mayor percepción de corrupción en el nivel central por la cantidad de los recursos en cuestión y los protagonistas de los escándalos, pero casos como el de los carrotanques en la UNGRD, el Cartel de la Toga y Odebrecht, demuestran que también hay participación de funcionarios de otros niveles y ramas del poder público, como el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y entidades territoriales. La corrupción es un problema político y cultural que necesita una respuesta de política pública con la articulación de diferentes actores”, concluyó.
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