Guerrilla arremete contra la población civil en el departamento de Arauca y las autoridades guardan silencio.
La vía que conecta Tame con Arauca continúa bloqueada por al menos cuatro vehículos atravesados en diferentes puntos de la ruta los libertadores, lo que ha generado un serio problema de movilidad en el departamento.
La situación, que se mantiene sin intervención oficial para el retiro de los automotores, afecta a conductores, comerciantes y comunidades locales, quienes ven limitada su libre circulación y sus actividades cotidianas.
Según testigos, aproximadamente a las 8:10 minutos de la mañana de hoy martes, hombres fuertemente armados detuvieron a los conductores, los obligaron a dejar en la mitad de la vía sus vehículos y retirasen del lugar.
A este bloqueo se suma al toque de queda impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en varias veredas de municipios como Tame y Puerto Rondón, que restringe la circulación nocturna entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m., exceptuando emergencias médicas.
El ELN justifica estas medidas como parte de su enfrentamiento con las FARC, en un contexto de creciente violencia y disputa territorial, en un panfleto señalan al ejército nacional de tener nexos con miembros de la farc para atacarlos.
Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre los más recientes hechos ni se ha visto reacciones para restablecer la movilidad en la vía, especialmente en sectores críticos aledaños a Betoyes, donde se detectó un camión atravesado.
Este panorama se agrava con la ausencia de pronunciamientos claros de las autoridades locales y departamentales, lo que aumenta la incertidumbre y la sensación de abandono entre la población afectada.
Las comunidades reclaman una respuesta urgente que garantice el derecho a la libre circulación y la protección frente a la influencia de grupos armados ilegales que imponen controles y restricciones sin que el Estado pueda contrarrestarlos efectivamente.
La crisis en Arauca refleja una compleja realidad de conflicto armado y falta de gobernabilidad, cuya resolución pasa por la cooperación interinstitucional y un compromiso firme para proteger los derechos y la seguridad de la población civil.
