Defensoría del Pueblo y Jurisdicción Especial para la Paz firman convenio por los DD. HH.
El apoyo y promoción de procedimientos que permitan a las víctimas del conflicto tener acceso a ese alto tribunal es el objetivo primordial del convenio.
La Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suscribieron un convenio por los derechos humanos, cuyo fin es que las víctimas del conflicto armado interno puedan tener acceso a ese alto tribunal de justicia transicional.
“La firma de este acuerdo nos permitirá realizar jornadas de promoción y divulgación de los derechos de las víctimas; también, sobre los mecanismos y procedimientos de participación ante tan importante tribunal como lo es la JEP, componente de justicia que forma parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El convenio, así mismo, impulsará el desarrollo de jornadas que tienen como objetivo fortalecer el alcance restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, proyecto que estará acompañado por las 42 Regionales de la Defensoría del Pueblo.
“Estableceremos un canal para los requerimientos de información de la JEP que no necesariamente tengan relación directa con nuestro Sistema de Alertas Tempranas. Además, entraremos a fortalecer los conocimientos tanto de los equipos de Defensoría Pública como de los abogados de víctimas, relacionados con los derechos de las mismas víctimas”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Difundir e implementar el ‘Sistema de Coordinación de la Participación Colectiva y Representación Común de las Víctimas’, así como intercambiar información sobre las Alertas Tempranas y sus informes de seguimiento emitidos por la Defensoría del Pueblo para que las dos entidades, en conjunto, identifiquen escenarios de riesgo y la valoración de la respuesta del Estado que redunde en el desarrollo de acciones eficaces en los territorios, forma parte de lo acordado.
“Es de gran relevancia para nosotros continuar con el trabajo conjunto, el cual veníamos realizando a partir de un acuerdo de mutuo entendimiento que habíamos ejecutado durante tres años, pero ya había vencido”, dijo el Defensor del Pueblo.
En el país y de acuerdo con cifras oficiales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), hay un registro histórico de cerca de 9.556.000 víctimas, de las cuales son sujetos de atención y reparación alrededor de 7.536.000.
“Vemos cómo muchas de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado en el país aún están invisibilizadas, sus voces no ha sido tenidas en cuenta, aún no han tenido acceso al mecanismo de justicia transicional, sus reparaciones están en deuda, lo cual nos conduce a trabajar por ellas, por la garantía de sus derechos; es parte de nuestro rol misional como institución nacional garante de los derechos humanos”, expresó Carlos Camargo Assis.
