Arauca avanza en la restitución de territorios ancestrales para comunidades étnicas afectadas por el conflicto
La restitución de derechos territoriales para comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado continúa avanzando en el país. Durante el año 2025, la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó cinco demandas judiciales orientadas a la recuperación de territorios ancestrales de resguardos indígenas y consejos comunitarios ubicados en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Amazonas.
Las acciones judiciales buscan restablecer los derechos étnico-territoriales de comunidades asentadas en los municipios de Arauquita, Tame y Fortul, en Arauca; Orocué, en Casanare; Cumaribo, en Vichada, y Puerto Nariño, en el Amazonas. En conjunto, las solicitudes pretenden la restitución de cerca de 294.000 hectáreas, en beneficio de más de 11.400 personas pertenecientes a 3.251 familias indígenas y afrodescendientes.
De acuerdo con la URT, los territorios reclamados corresponden a resguardos como Valles del Sol y Guahibo de Cajaros, en Arauca; varios resguardos ubicados en Orocué, Casanare; Flores Sombrerero, en Vichada, y Ticuna, Cocama y Yagua, en el Amazonas. A esto se suman las demandas presentadas por los consejos comunitarios de la vereda La Paz, en Arauquita, y Meleocipo Amu Arrechea, en Tame.
Las comunidades solicitantes han sido víctimas de graves afectaciones derivadas del conflicto armado, entre ellas desplazamientos forzados, asesinatos de líderes, confinamiento, despojo y abandono de sus tierras, situaciones que impactaron de manera directa su vida comunitaria, su cultura y su relación ancestral con el territorio.
Con estas demandas, la Unidad de Restitución de Tierras busca que los jueces reconozcan a estas comunidades como víctimas colectivas del conflicto armado interno, en el marco de lo establecido en el Decreto Ley 4633 de 2011. El objetivo es garantizar la protección integral de los pueblos étnicos, su pervivencia física y cultural, el respeto por su autonomía y el restablecimiento efectivo de sus derechos territoriales.
Además de la formalización jurídica de los territorios, los procesos incluyen la proyección de planes integrales de reparación colectiva, orientados a que las comunidades recuperen el uso, goce y administración de sus tierras de acuerdo con sus tradiciones, saberes ancestrales y formas propias de organización.
Este avance representa un paso significativo en la reparación histórica de comunidades étnicas que han resistido por décadas los impactos del conflicto, y reafirma el compromiso institucional con la justicia territorial, la diversidad cultural y la construcción de paz en las regiones más afectadas del país.
