Corte Suprema dejó en firme las condenas por el caso PROBOLSA en Arauca
Casi 18 años después de los hechos, la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó las condenas contra tres exfuncionarios por el manejo irregular de $16.000 millones de regalías petroleras.
El caso es hoy nuevamente parte de la agenda informativa, luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema en la que deja en firme la condena contra exalcalde de la capital araucana William Reyes Cadena.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra tres exfuncionarios de Arauca, tras resolver las impugnaciones presentadas contra la decisión del Tribunal Superior de Arauca.
Los condenados son el exalcalde William Alfonso Reyes Cadena, el exsecretario de Hacienda José Andrides Córdoba García y el extesorero Andrés Aníbal Herrera Bernal, quienes fueron responsabilizados por peculado por apropiación. El Tribunal Superior de Arauca había impuesto en 2021 penas de 165, 120 y 100 meses de prisión, respectivamente.
La historia se remonta a octubre de 2008. Durante la administración de William Reyes Cadena, el municipio decidió invertir $16.000 millones de sus excedentes de liquidez, provenientes de regalías, en títulos de tesorería TES. El dinero fue girado a Serfinco, en una operación en la que también intervino Probolsa S.A.
El problema, según lo establecido judicialmente, fue la estructura de la operación. Se utilizó una modalidad de venta con pacto de recompra —Repo—, pese a las restricciones existentes para este tipo de transacciones con recursos de entidades territoriales.
Además, Probolsa no tenía las condiciones para actuar como intermediario autorizado en el mercado de valores. Antecedentes judiciales y administrativos del caso señalan que la sociedad no estaba inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores y que la operación terminó afectando recursos públicos.
El proceso tuvo un giro importante en octubre de 2020.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca condenó inicialmente a Reyes Cadena y Córdoba García por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pero no los responsabilizó por peculado por apropiación. Herrera Bernal tampoco fue condenado inicialmente por este último delito.
El caso llegó al Tribunal Superior de Arauca y en octubre de 2021 se produjo el cambio fundamental: el Tribunal revocó parcialmente la sentencia y condenó a Reyes Cadena, Córdoba García y Herrera Bernal como coautores de peculado por apropiación. También condenó a Héctor Jairo Bonilla López como interviniente en ese delito.
El Tribunal impuso:
- William Alfonso Reyes Cadena: 165 meses de prisión y multa de $13.752.671.367.
- José Andrides Córdoba García: 120 meses de prisión y multa de $13.739.043.477.
- Andrés Aníbal Herrera Bernal: 100 meses de prisión y multa de $13.720.872.957.
- Héctor Jairo Bonilla López: 155 meses de prisión y multa de $10.290.654.717.
Las penas para los tres exfuncionarios también incluyeron inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas. El Tribunal negó los subrogados penales y ordenó las respectivas capturas.
En 2010, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 20 años contra William Reyes Cadena por irregularidades relacionadas con la inversión de los excedentes de liquidez provenientes de regalías. La misma sanción fue impuesta a otros funcionarios vinculados a la administración municipal de entonces.
La decisión disciplinaria señaló que mediante una resolución de octubre de 2008 se ordenó el desembolso de los $16.000 millones para la operación relacionada con los TES.
Uno de los argumentos de defensa que llegó a la discusión judicial fue que Reyes Cadena habría intentado recuperar los recursos después de conocer las irregularidades.
Según la información del expediente divulgada recientemente, el 30 de diciembre de 2008 el entonces alcalde envió una comunicación a Serfinco solicitando que el dinero fuera retenido y devuelto al municipio y que no se ejecutaran transacciones ordenadas por Probolsa.
Sin embargo, ese comportamiento posterior no fue considerado suficiente para eliminar la responsabilidad penal establecida por los tribunales.
Este punto resulta especialmente relevante: la discusión judicial no se limitó a determinar si posteriormente hubo un intento de recuperar el dinero, sino a establecer la responsabilidad por la operación que permitió la apropiación de recursos públicos.
En 2023 apareció otro capítulo.
La Fiscalía informó de medidas cautelares sobre bienes relacionados con Reyes Cadena, José Andrides Córdoba García y Andrés Aníbal Herrera Bernal, ubicados en Arauca, Santander y Bogotá, dentro de actuaciones de extinción de dominio.
La investigación buscaba afectar patrimonios relacionados con la presunta defraudación de los recursos públicos.
Ahora, con la decisión de última instancia divulgada en 2026, el proceso vuelve a tomar relevancia porque la discusión sobre la responsabilidad penal de los tres exfuncionarios llega a su punto definitivo.
¿Cuánto dinero público logró realmente recuperar el municipio de Arauca?
Los $16.000 millones comprometidos en 2008 no representan únicamente una cifra histórica. Eran recursos provenientes de las regalías petroleras, es decir, dinero público destinado al desarrollo territorial.
La propia información sobre la decisión reciente señala que la Corte ordenó compulsar copias a la Fiscalía para adelantar acciones de extinción de dominio encaminadas al resarcimiento del daño causado al patrimonio público.
Por eso, el cierre penal del caso no necesariamente significa el cierre de la historia económica.
La siguiente batalla está en determinar qué bienes pueden ser afectados, cuánto dinero puede recuperarse y cuánto del detrimento patrimonial terminará regresando efectivamente a las arcas públicas.
El caso Probolsa muestra una cadena institucional que atravesó varias etapas:
2008: se realiza la operación por $16.000 millones.
2010: la Procuraduría confirma sanciones disciplinarias contra funcionarios de la administración.
2020: primera sentencia penal, con condenas por contratación irregular pero sin condena inicial por peculado para los funcionarios públicos.
2021: el Tribunal Superior de Arauca modifica la decisión y condena por peculado por apropiación.
2023: la Fiscalía adopta medidas cautelares sobre bienes dentro del proceso de extinción de dominio.
2026: la condena contra los tres exfuncionarios queda en firme, según la información divulgada sobre la decisión de la Corte Suprema.
