Revelan inquietantes hallazgos en el vehículo que transportó a Yulixa Toloza tras cirugía en centro clandestino
Los dos implicados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía durante la audiencia, mientras nuevos hallazgos siguen aumentando las dudas sobre el caso de Yulixa Toloza.
El caso de Yulixa Toloza sigue revelando detalles estremecedores que hoy tienen bajo la lupa judicial a varias personas vinculadas con su desaparición y muerte tras someterse a un procedimiento estético en un presunto centro clandestino del sur de Bogotá.
Ayer jueves 21 de mayo, durante la audiencia de imputación de cargos contra Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, la Fiscalía expuso nuevas evidencias que podrían convertirse en piezas determinantes para reconstruir las últimas horas de vida de la mujer de 52 años y esclarecer el presunto encubrimiento posterior a su muerte.
La desaparición de Yulixa comenzó el pasado 13 de mayo, luego de ingresar al establecimiento Beauty Láser M.D., ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, donde se realizaría una lipólisis láser. Días después, tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado abandonado en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima.
Uno de los elementos centrales de la investigación es el Chevrolet Sonic gris ceniza de placas UCQ-340, vehículo en el que, según la Fiscalía, habría sido trasladada Yulixa tras salir en delicado estado de salud del centro estético.
Durante la diligencia judicial, se reveló que dentro del automotor fueron halladas pruebas biológicas y tecnológicas de enorme relevancia: huellas, muestras de ADN, cabellos, un router de internet, y una tarjeta SIM.
Los análisis preliminares establecieron que varios de los fluidos encontrados corresponden a la víctima.
La Fiscalía confirmó además que ya existe orden judicial para extraer la información contenida en la tarjeta SIM hallada dentro del vehículo, con el objetivo de determinar posibles comunicaciones, movimientos y responsables relacionados con el caso.
“Fue el carro en el que, primero, retiraron a la señora Yulixa Toloza y la sacaron del centro de estética Beauty Láser M. D., la condujeron con destino a Anapoima y Apulo y de allí la arrojaron (…); este vehículo se utilizó para delitos de lesa humanidad, delitos vinculados, generalmente, con el derecho internacional humanitario”, sostuvo la jueza este jueves 21 de mayo.
“La sacaron inconsciente”
El expediente también se fortalece con testimonios y videos que muestran cómo Yulixa habría salido del establecimiento en condiciones críticas. Un testigo citado por medios nacionales aseguró que la mujer fue sacada prácticamente inconsciente del lugar. “La piel estaba demasiado blanca y los labios morados”, relató el testigo.
La Fiscalía sostiene que, lejos de trasladarla inmediatamente a un centro médico, los responsables habrían intentado ocultar lo ocurrido y posteriormente desaparecer evidencia clave.
Las investigaciones indican que Jesús Hernández Morales, capturado en Cúcuta, habría recibido dinero para retirar y mover el vehículo utilizado en el caso, mientras presuntamente intentaban eliminar rastros que comprometieran a los implicados.
Por estos hechos, Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado fueron imputados por: favorecimiento agravado,
y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, explicó que una de las hipótesis apunta a una complicación derivada del procedimiento estético practicado en el establecimiento ilegal.
Según Medicina Legal, la muerte podría estar relacionada con: una aplicación incorrecta de anestesia, una trombosis,
una embolia grasa pulmonar, un cuadro anémico,o una hemorragia severa.
Dentro del proceso también aparecen vinculados María Fernanda Delgado Hernández, dueña del establecimiento, y Edinson José Torres Sarmiento, quienes son investigados por: desaparición forzada, homicidio, omisión de socorro, y ocultamiento de pruebas.
Jurídicamente, el caso podría configurar graves conductas penales previstas en el Código Penal Colombiano, especialmente por el presunto ocultamiento del cuerpo, la omisión de atención médica inmediata y la manipulación de evidencia.
Expertos consultados por medios nacionales han advertido que, de demostrarse que los implicados conocían el estado crítico de la víctima y aun así evitaron acudir a servicios médicos para proteger el funcionamiento del establecimiento clandestino, podrían enfrentarse a penas altamente severas.
Además, el caso volvió a encender las alarmas sobre el funcionamiento de las llamadas “clínicas de garaje” en Colombia, establecimientos que realizan procedimientos invasivos sin habilitación sanitaria ni personal certificado, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas.
