MinDefensa confirma que once uniformados continúan en cautiverio en Arauca, Cauca y Nariño
La privación de la libertad de uniformados en zonas de conflicto vuelve a encender las alertas sobre el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales y su impacto en la seguridad nacional.
La retención de once miembros de la Fuerza Pública por organizaciones armadas ilegales en Arauca, Cauca y Nariño no solo expone la persistencia del secuestro como práctica criminal, sino que constituye un desafío directo a la autoridad del Estado y una grave violación al derecho internacional humanitario. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, al advertir que estos hechos no quedarán en la impunidad.
Según información oficial, los uniformados fueron privados de su libertad mientras cumplían funciones constitucionales de protección a la población y control del territorio. Las autoridades señalan como responsables a estructuras armadas que, pese a proclamarse actores políticos o defensores de comunidades, recurren a prácticas que históricamente han sido asociadas al crimen organizado y al control violento de economías ilegales.
Fuentes del sector Defensa indicaron que los secuestros se producen en zonas estratégicas donde estos grupos buscan mantener dominio sobre rutas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. En ese contexto, la retención de militares y policías se convierte en un mecanismo de presión, intimidación y propaganda, dirigido tanto al Gobierno como a las comunidades locales.
“El secuestro de integrantes de la Fuerza Pública es una línea que no admite justificación alguna”, señaló el ministro Sánchez, quien recalcó que ninguna causa política puede amparar la privación de la libertad de personas protegidas por el derecho internacional humanitario. El funcionario aseguró que se han intensificado las operaciones militares y de inteligencia para ubicar a los responsables y lograr la liberación de los uniformados.
Expertos en seguridad consultados advierten que estos hechos desnudan la contradicción de los grupos armados ilegales que, mientras hablan de paz o control social, continúan utilizando prácticas propias del terrorismo. Además, alertan que la normalización del secuestro envía un mensaje de debilidad institucional si no se responde con acciones contundentes.
El Ministerio de Defensa reiteró que no habrá concesiones frente a estas organizaciones y que cada responsable será perseguido judicialmente. Entre tanto, la permanencia de once uniformados en cautiverio mantiene en vilo a sus familias y reaviva el debate nacional sobre los límites del diálogo y la necesidad de una respuesta firme del Estado frente a los grupos que siguen operando al margen de la ley.
