Grave denuncia: la Defensoría del Pueblo no tendría recursos para cumplir pagos a contratistas
Iris Marín, defensora del Pueblo, indicó que el presupuesto fue definido por el Ministerio de Hacienda.
Una grave alerta encendió la Defensoría del Pueblo al denunciar que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con el pago de honorarios a más de 5.160 contratistas y defensores públicos, situación que compromete seriamente la operación de una de las entidades clave en la garantía de los derechos humanos en el país.
La advertencia fue hecha por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien explicó que el presupuesto asignado a la entidad en el proyecto de ley de presupuesto para 2026 fue definido de manera unilateral por el Ministerio de Hacienda, con un monto inferior al solicitado y, además, menor al aprobado para la vigencia 2025.
Según Marín, durante el debate en el Congreso la situación se agravó aún más. El presupuesto fue recortado nuevamente y algunos congresistas argumentaron que no podían respaldar un aumento sin el aval previo del Ministerio de Hacienda, aval que nunca fue otorgado.
La funcionaria aseguró que en diciembre la Defensoría fue notificada de que no habría recursos disponibles para realizar los pagos, pese a que estos dineros ya estaban incluidos en la ley de presupuesto y comprometidos mediante contratos de prestación de servicios que fueron debidamente ejecutados.
“Esto me lleva a preguntarme qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo”, cuestionó Marín, al expresar su preocupación por el impacto que esta situación tiene tanto en los trabajadores como en la ciudadanía que depende de sus servicios.
La defensora lamentó que no se haya logrado realizar los pagos antes de Navidad, a pesar de haber adelantado todos los trámites administrativos y gestiones ante el Ministerio de Hacienda. En particular, resaltó la difícil situación de más de 4.200 defensores y defensoras públicas, quienes enfrentan una alta carga laboral y, aun así, continúan prestando sus servicios con vocación y compromiso.
“Cada defensor público atiende más procesos de los que resulta razonable. A pesar de ello, mantienen su entusiasmo y su decisión de servir. Desde la institución seguiremos insistiendo para que los pagos se realicen lo antes posible”, concluyó.
La denuncia abre un nuevo debate sobre la financiación de las entidades de control y las consecuencias reales de las decisiones presupuestales en la garantía efectiva de los derechos fundamentales en Colombia.
