Facundo Castillo busca principio de oportunidad: el acuerdo que podría arrastrar a sus antiguos aliados
La aceptación de la solicitud, no solo podría reducir su condena, sino también destapar una red de aliados políticos y contratistas que, según se investiga, se beneficiaron de su mandato y lo abandonaron tras su encarcelamiento.
El exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, compareció ante la Sala de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde confirmó que adelanta conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para lograr un principio de oportunidad. El acuerdo, de concretarse, le permitiría obtener beneficios judiciales a cambio de entregar información clave sobre redes de corrupción y vínculos con grupos armados ilegales.
La declaración se produjo durante una audiencia de aceptación de cargos ante el magistrado Ariel Torres. En su intervención, Castillo solicitó el aplazamiento de la diligencia, argumentando que el diálogo con la Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema está en curso.
“Hemos venido adelantando conversaciones con la Fiscalía […] con el objetivo de llegar a un acuerdo con dicha entidad. Por lo tanto, solicito a la Sala postergar este evento de aceptación de cargos para continuar con el acercamiento con el ente investigador”, afirmó el exmandatario desde el estrado judicial.
Un pasado judicial que lo persigue
Castillo Cisneros fue condenado en mayo de 2025 a 12 años, 2 meses y un día de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras demostrarse el direccionamiento irregular de al menos dos contratos millonarios durante su administración. Además, la Corte Suprema le impuso una multa de 366 salarios mínimos legales y una inhabilidad de 12 años y 10 meses para ocupar cargos públicos, sin derecho a prisión domiciliaria.
El proceso judicial también investiga presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el favorecimiento irregular de contratistas que, según la Fiscalía, habrían financiado estructuras armadas ilegales en la región.
El posible “efecto dominó” sobre sus aliados
Si el principio de oportunidad se materializa, la colaboración de Castillo podría detonar un efecto dominó sobre quienes fueron sus aliados políticos y económicos durante su mandato, algunos de los cuales —según versiones de su círculo cercano— se habrían enriquecido gracias a contratos irregulares, pero lo dejaron solo tras su captura.
La información que Castillo entregue podría:
- Abrir investigaciones formales contra exfuncionarios, contratistas y socios que participaron en actos de corrupción o que actuaron como testaferros.
- Generar imputaciones por delitos como peculado, concierto para delinquir o financiación de grupos armados ilegales.
- Provocar la pérdida de bienes y capitales obtenidos ilícitamente, mediante medidas de extinción de dominio.
- Golpear la reputación política de figuras aún activas en el escenario público, cerrándoles el paso a futuras aspiraciones electorales o contratos estatales.
Fuentes judiciales advierten que, si el exgobernador decide hablar, las revelaciones podrían salpicar a contratistas de obras viales, operadores de programas sociales y exfuncionarios de alto nivel.
Corte a la espera
La Corte Suprema acogió la solicitud de aplazamiento, en espera de los avances que surjan en las negociaciones con la Fiscalía. El magistrado Ariel Torres precisó que, de llegar a un acuerdo, el proceso tomará un rumbo distinto, centrado en la verificación de la información que Castillo entregue y su utilidad para desarticular las redes criminales investigadas.
Mientras tanto, en Arauca crece la expectativa: lo que para algunos es una estrategia de defensa, para otros podría convertirse en el capítulo más revelador de la historia reciente de la corrupción en el departamento.
