Paro arrocero en Casanare: entre el derecho a protestar y la vulneración de derechos fundamentales

El paro arrocero que se desarrolla en Casanare y parte de Arauca ha escalado a un nivel crítico, generando bloqueos totales en múltiples corredores viales del departamento. Lo que comenzó como una protesta sectorial por las condiciones del agro y el costo de producción del arroz, hoy pone en tensión el equilibrio entre el derecho constitucional a manifestarse y los derechos fundamentales de otros ciudadanos.

En municipios como Aguazul, Yopal y Paz de Ariporo, se han reportado restricciones de tránsito. Incluso ciudadanos con citas médicas y personas que necesitan abastecimiento básico se han visto atrapados entre barricadas . “¡El pueblo contra el pueblo!”, es la expresión que más se escucha entre los afectados.

El panorama ha generado preocupación no solo por el impacto económico y de movilidad, sino también por la tensión social creciente. Aunque la protesta está amparada en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza el derecho a reunirse y manifestarse de forma pacífica, lo cierto es que el uso de bloqueos totales podría estar transgrediendo otros derechos igualmente protegidos, como el de la salud, la seguridad alimentaria, la educación y el trabajo.

¿Qué dice la legislación vigente?

• Ley 1801 de 2016 (Código de Policía): prohíbe expresamente la obstrucción de vías públicas.

• Artículo 353A del Código Penal: castiga con penas de hasta 4 años de prisión a quienes impidan la circulación en vías públicas.

• Acción de tutela: cualquier ciudadano afectado por los bloqueos puede solicitar la intervención inmediata de un juez para proteger sus derechos fundamentales.

Voces ciudadanas consultadas por El Círculo coinciden en que el reclamo del sector arrocero es legítimo —altos costos, falta de subsidios, abandono estatal—, pero exigen que la protesta no termine perjudicando a quienes no tienen responsabilidad directa en la crisis del campo.

“Apoyo la lucha de los arroceros, pero no estoy de acuerdo con que no dejen pasar ni una ambulancia. Tengo a mi hija enferma y nadie nos da razón de cuándo van a liberar la vía”, relató Angélica Rojas, habitante de Yopal, mientras esperaba que se habilitara un paso humanitario.

¿Dónde están las autoridades?

Hasta el momento, ni el Ministerio de Transporte ni la Gobernación de Casanare han entregado un plan concreto de contingencia. La Policía Nacional no ha intervenido de forma directa.

Desde la Presidencia de la República, no ha habido pronunciamiento oficial, lo que ha intensificado el sentimiento de abandono entre los habitantes.

¿Y ahora qué?

Urge una mesa de diálogo efectiva entre arroceros, gobierno nacional y autoridades locales. La protesta, por legítima que sea, no puede convertirse en una forma de exclusión y daño a terceros. La solución no está en la confrontación, sino en el consenso.

La crisis del agro no puede seguir siendo un tema postergado. Pero tampoco puede ser resuelta a costa de la vulneración de otros derechos fundamentales.