Arauca refuerza la lucha contra el contrabando con enfoque interinstitucional y compromiso político

Mientras el contrabando sigue siendo uno de los flagelos que más golpea la economía legal en la región, el departamento de Arauca da señales claras de querer fortalecer su capacidad de respuesta. Esta semana, se llevó a cabo el sexto Comité Interinstitucional del Programa Anticontrabando, una reunión técnica que dejó ver no solo el interés institucional, sino una voluntad política más firme por frenar el ingreso y la comercialización ilegal de productos como cigarrillos, licores y cervezas.

La sesión fue liderada por la Secretaría de Hacienda Departamental, con orientación del secretario de Gobierno, Nasser Cruz Matus, y el respaldo directo del gobernador Renson Martínez Prada. Más allá del cumplimiento formal, el encuentro se destacó por el alto quórum y la activa participación de instituciones clave: Ejército Nacional, Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), DIAN, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Salud de Arauca, Alcaldía y Cámara de Comercio, entre otras.

Según conoció El Círculo, durante la jornada se presentaron informes técnicos que evidencian el impacto del contrabando sobre las Rentas Departamentales y los riesgos para la salud pública asociados a productos adulterados o de dudosa procedencia. Las cifras reveladas —aunque no fueron difundidas de manera pública— mostraron patrones preocupantes en municipios de frontera, lo cual encendió las alertas sobre posibles rutas y mecanismos usados por redes ilegales.

“El comité no puede quedarse en buenas intenciones. Aquí se necesitan operativos coordinados, presencia institucional constante y una ciudadanía informada y comprometida con la legalidad”, afirmó una fuente participante del encuentro, bajo reserva.

A diferencia de otras mesas técnicas que a veces terminan en el papel, esta reunión pareció dejar compromisos concretos: mayor control en puntos estratégicos, articulación entre entes territoriales y nacionales, y campañas públicas para sensibilizar sobre los daños del contrabando. La promesa, al menos sobre la mesa, es avanzar hacia una Cultura de Legalidad que no solo sea discurso, sino acción sostenida.

En una región donde las economías ilegales suelen encontrar terreno fértil ante la debilidad institucional, esta articulación interinstitucional podría marcar una diferencia si logra sostenerse en el tiempo y trasladarse a los territorios más afectados.