Organizaciones denuncian la situación de derechos humanos en Arauca

Organizaciones civiles y miembros de la comunidad internacional alertaron este martes en un informe sobre la «alta y preocupante» situación de riesgo en el departamento colombiano de Arauca (fronterizo con Venezuela), donde la violencia entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se constituye como «la más sangrienta».

Los homicidios, atentados, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos, enfrentamientos armados y confinamientos, unidos a la alta tasa de deserción escolar por el alto riesgo de reclutamiento ponen «la paz en cuidados intensivos», alertó el documento.

Este informe ratificó que 295.585 personas que residen en las zonas rurales y urbanas de los municipios de Arauca, Saravena, Arauquita, Fortul y Tame están en riesgo.

Entre las causas del recrudecimiento de la situación humanitaria, el informe apuntó a los combates entre actores armados al margen de la ley que se disputan el control del territorio y que, «para enero de 2023», en los municipios de Arauquita y Puerto Rondón forzaron el confinamiento de alrededor de 913 personas.

Asimismo, se suma un aumento del desplazamiento forzado y la instalación de minas antipersonal que, además de atentar contra la vida de la población civil, afectan «de manera diferencial» a los menores que ven restringido su acceso a la educación y que, al mismo tiempo, son víctimas de un reclutamiento forzado que «va en ascenso».

El documento también resaltó los riesgos que entrañan las operaciones conjuntas de la Policía y el Ejército contra las disidencias de las FARC para «la calma y la vida» de los civiles, así como los enfrentamientos entre los Frentes 28 y 10 (ambos de las disidencias) con el Frente Domingo Laín de ELN.

Además, el Frente de Guerra Oriental, uno de los más poderosos del ELN, libra una guerra por el control territorial en Arauca, su principal bastión.

«Lo de Arauca es una y tres guerras al mismo tiempo: está la guerra del Estado con las disidencias, la del ELN con el Estado y, la más sangrienta en estos momentos, la de las disidencias contra el ELN», aseguró uno de los liderazgos en el informe.

Sobre la falta de garantías para la vida y el ejercicio de los liderazgos sociales, el informe advirtió del posible incremento de la violencia en el marco de las elecciones regionales que se celebrarán en el país el próximo 29 de octubre, ya que «en estas épocas es empleada como mecanismo de competencia electoral».

RECOMENDACIONES DEL INFORME

Las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno colombiano a avanzar «de manera diferenciada» en las negociaciones con el ELN y los diálogos con otros actores armados, a insistir en el cese al fuego bilateral y a erradicar el uso de minas antipersonal y municiones sin explotar.

Del mismo modo, instaron a la cooperación internacional a «mantener y reforzar su presencia y acompañamiento en el territorio», a hacer seguimiento a las negociaciones de paz y mantener el apoyo solidario a las formas organizativas locales.

También se llamó a superar las «condiciones estructurales» que desencadenan la crisis en la región y para proteger y defender la vida «como estandarte de la acción humanitaria».