Judiciales

El fiscal general le pidió a Duque objetar la Ley Estatutaria de la JEP

Pese a que la Corte Constitucional hizo un examen en el que incluyó las consideraciones del jefe del ente de control, Néstor Humberto Martínez retoma cuatro puntos de su antigua batalla legal para subrayarle al Presidente que son inconvenientes. En vilo, el funcionamiento de la justicia transicional.

Mientras corre el plazo que tiene el presidente Iván Duque para revisar la Ley Estatutaria de la JEP, la norma que se constituye en la columna vertebral para el funcionamiento de la justicia transicional en Colombia, una voz entró a echarle fuego al debate interno que se lleva a cabo en Casa de Nariño.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, revivió varias de sus peticiones, que no pasaron el examen de constitucionalidad, para pedirle al primer mandatario que las tenga en consideración al calificarlas como inconvenvientes frente a la política criminal del Estado y los deberes internacionales. “La Fiscalía considera que el debate del juicio de conveniencia sobre algunos artículos es necesario e imprescindible, el debate no puede darse sobre la forma, se debe dar sobre los temas de fondo”, manifestó Martínez.

Narcotráfico como delito de ejecución permanente

En este punto, el fiscal no quedó contento con la fórmula adoptada por la Corte Constitucional para definir los alcances de las entidades investigadoras sobre el narcotráfico como delito de ejecución permanente. Dice que no se definió la jurisdicción competente sobre estos delitos; por ello, habían planteado que fueran de competencia de la “jurisdicción ordinaria, con apego a los principios rectores de la competencia de la JEP, que circunscriben el ejercicio de su jurisdicción, a los delitos ocurridos durante el conflicto hasta el 1 de diciembre de 2016”.

Sobre este punto, Martínez alega que la sentencia de la corte le impedirá a la Fiscalía actuar con celeridad hasta que la JEP defina los casos en los que los desmovilizados de la guerrilla continúen cometiendo delitos relacionados con el narcotráfico. Según el fiscal, la entidad quedaría sin competencias hasta que el tribunal defina caso por caso qué justicia tendría las facultades para hacerse cargo de ellos.

semana.com
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