Nacionales

El precario balance de la implementación del Acuerdo de Paz

El 24 de noviembre de 2016, el presidente Santos y Rodrigo Londoño, "Timochenko", firmaron el Acuerdo de Paz del Teatro Colón. AFP

El precario balance de la implementación del Acuerdo de Paz

 

Transcurridos los primeros diez meses desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Estado colombiano y las Farc, el balance de la implementación es precario. A 59 días de la fecha límite para el trámite de normas por la vía rápida (“fast track”), es preocupante la lentitud o negativa de avanzar del Congreso de la República en asuntos sustanciales del Acuerdo como la Justicia Especial para la Paz (JEP), la reforma política, las circunscripciones especiales de paz, la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Es, en resumen, la conclusión que entrega el cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), en el que se establece que dicho proceso de implementación solo alcanza un 18%, con una característica especifica: el estado actual tiene que ver más con los puntos de dejación de armas y la conversión de las Farc en partido político, y en menor proporción con los temas de reforma política, y los puntos referidos a derechos sociales y económicos de las comunidades rurales en las zonas del conflicto.

Es decir, la implementación del Acuerdo de Paz con la guerrilla va mal, pese a que el cese bilateral del fuego y hostilidades significó una reducción de las acciones ofensivas y de combates con participación directa de las Farc, que permitieron salvar vidas humanas y disminuir a la mínima expresión los casos de personas heridas. Según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Colombia pasó de 867 acciones armadas atribuidas a las Farc en 2007, a 13 en 2016 y no hay reporte de acciones en 2017.

El informe califica como relevante la participación de las Naciones Unidas como tercera parte garante de la implementación. Así mismo, dice que es positiva la participación de las comunidades en las zonas del posconflicto y de la sociedad civil en la vigilancia ciudadana para exigir la implementación de lo pactado y apropiarse de los puntos que tienen relación con la realización de derechos políticos, económicos y sociales postergados.

Sin embargo, en temas puntuales, el Observatorio llama la atención sobre el lento avance de la aprobación y ejecución de las normas necesarias de los puntos que tienen que ver con la Reforma Rural Integral y a la Sustitución de Cultivos. Y revela que desde marzo de 2017, es decir hace casi siete meses, fueron radicados en el Congreso los proyectos de ley referentes al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y el de Adecuación de Tierras, que aún no pasan por los debates de plenarias de Cámara y Senado, pese a que se supone que el “fast track” debe agilizar dicho trámite.

A eso se suma, dice el informe, la incertidumbre que viven las comunidades cocaleras, evidenciado en las manifestaciones ocurridas en la región del Catatumbo entre el 16 y el 21 de septiembre. “A pesar de que el pasado 28 de enero, en Tibú (Norte de Santander), el Gobierno Nacional junto con las Farc y los presidentes de la Juntas de Acción Comunal de Caño Indio, Chiquinquirá, El Progreso 2 y Palmeras Mirador, firmaron un acuerdo de sustitución de cultivos, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas anunció la erradicación forzada de cultivos ilícitos en la región. Posteriormente, la Fuerza Pública hizo presencia en el territorio con este objetivo, en una clara muestra de descoordinación institucional, que evidencia una doble política poniendo en situación de vulnerabilidad a las comunidades cocaleras”.

En cuanto a la implementación del punto dos (Participación Política), asegura que es igualmente objeto de dilación en el Congreso. “Los proyectos de Reforma Política y de Circunscripciones Especiales de Pazse encuentran actualmente estancados en la Cámara. La ponencia ante la Comisión Primera del proyecto de Circunscripciones comprende al menos tres modificaciones que desvirtúan no solo el espíritu del Acuerdo Final, sino también el principio de fortalecer la representación de las víctimas en el Congreso. En primer lugar, busca excluir todas sus cabeceras municipales, excluyendo así los habitantes de ciudades como Bojayá, Guapi, Mapiripán. En segundo lugar, se exige la certificación de la Unidad de Víctimas a las candidaturas, excluyendo así a víctimas que nunca se registraron por diversos motivos. Y se excluyó de la ponencia la exigencia de paridad de género explícita en el Acuerdo Final”, refiere el documento.

Y en los asuntos referidos a las víctimas (punto 5), consideradas el centro del Acuerdo, señala que avanza en asuntos como la constitución del tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad Especial para la búsqueda de personas Desaparecidas, pero presenta mínimo desarrollo en las medidas para la reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. Y hace alusión a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyos magistrados fueron recientemente seleccionados.

“Aún se requiere una ley Estatutaria que regule el funcionamiento de esta justicia transicional y los pronunciamientos del partido Cambio Radical, además de la oposición del Centro Democrático, crean un ambiente de incertidumbre en torno a la aprobación de esta norma necesaria para garantizar la creación del Sistema de Verdad Justicia y Reparación que se requiere para los próximos años de la aplicación del Acuerdo Final”.

Finalmente, el informe dice que aunque el Acuerdo Final preveía la presentación de un Plan Marco durante los cuatro primeros meses de la implementación, a 2 de octubre aún no se conoce el borrador de ponencia ante el Congreso. Y subraya que una de las ausencias flagrantes ha sido la falta de información completa sobre el estado de su avance que corresponde a incumplimientos de los compromisos de pedagogía de paz y de información y transparencia. Igualmente se llama la atención sobre el respeto de los enfoques diferenciales de género y étnico, que no se han dado en todo este tiempo.

En sus conclusiones, el informe advierte que incumplir el Acuerdo Final “parece ser una estrategia en la que confluyen poderosas fuerzas dentro del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y movimientos políticos que ahora se alinean en contra de su implementación. Frenar la implementación del Acuerdo o cambiar lo acordado, respondiendo al cálculo de que las Farc ya dejaron las armas y se convirtieron en partido político, es una estrategia peligrosa que le resta credibilidad al Estado dentro y fuera del país, incentiva las deserciones, pone en alerta la mesa de Quito con el Eln y envía un pésimo mensaje a las víctimas y a las comunidades en las zonas del postconflicto”.

Y agrega: “Como se advirtió con anterioridad, el desgaste del Gobierno en su último año de gestión y la iniciación temprana de la campaña electoral constituyen escenarios difíciles para la implementación y ponen de presente que, una vez más, los temas de la paz (ya negociada pero poco implementada), van a incidir en los próximos comicios. En este marco de incumplimiento, se mantiene un entorno de violencia y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que ponen en entredicho las garantías de participación de las comunidades en la implementación del Acuerdo”.

El Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz enfatiza, por último, que salvar el Acuerdo Final de Paz requiere del liderazgo del presidente de la República en su condición de Jefe de Estado y la participación decidida de la sociedad colombiana. Ante esto, le pide al primer mandatario convocar el “Acuerdo Político Nacional”contemplado en el Acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, que llamar a todos los poderes del Estado, a las fuerzas políticas y sociales del país, incluidas las personas que aspiran a la Presidencia, “para que no solo se comprometan a la no utilización de armas en política sino que asuman igualmente el compromiso de cumplir el Acuerdo y definir las reformas y ajustes necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.

El Espectador

Mas sobre el Autor

Daniel F. Martinez. Cel: 3115023796

Periodista y abogado del departamento de Arauca, fundador de El Círculo - Noticias de Arauca y Corresponsal de RCN Televisión.
EMAIL: danielfernandomartinez@hotmail.es

Agregar comentario

Clic para dejar un comentario

El Obelisco de Arauca

El monumento que se convirtió en un dolor de cabeza para el gobernador de Arauca

Siguenos en Twitter

VELÓDROMO DE ARAUCA EN RUINAS. EL DESPILFARRO DE LAS REGALÍAS

Desde hace mas de 20 años el escenario deportivo que costó mas de 5 mil millones de pesos, hoy por hoy es guarida de viciosos. Día a día se deteriora y las administraciones no hacen por recuperarlo

PRECONCENTRACIÓN DE LAS FARC EN ARAUCA

PESCA INDISCRIMINADA EN ARAUCA

Publicidad