Arauca

Mañana será habilitada la vía Arauca-Caño Limón

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Mañana será habilitada la vía Arauca-Caño Limón

Después de permanecer un bloqueo por más de 72 horas, los campesinos de 4 veredas aledañas al complejo petrolero permitirán el tránsito de vehículos en la vía que de Caño Limón comunica con la capital del departamento de Arauca.

Gracias a la gestión de la defensora del pueblo Gloria Mojica, una comisión integrada por asesores del ministerio del interior entre otros funcionarios del gabinete de Ricardo Alvarado; del alcalde de Arauquita; diputados y representantes de la policía nacional, se pudo entrar en diálogo con los manifestantes que se encontraban bloqueando la vía en el sector de El Vivero”.

De la reunión se pudo concluir que mañana jueves a partir de las 4:00 de la madrugada el bloqueo se levantaría como una medida tomada en consenso con los campesinos mientras los diálogos y las investigaciones avanzan.

Los puntos en los que se centró la negociación y al final se acordaron tienen que ver con el compromiso por parte del ministerio del interior para darle impulso a las investigaciones que permitan esclarecer los hechos registrados el día 15 de enero donde presuntamente la policía disparó sus armas de fuego contra los campesinos resultando heridos 4 civiles.

Así mismo el comandante de policía de Arauca se comprometió a asumir la investigación del proceder de sus subalternos dentro del debido proceso, como también relevar el personal que se encuentra en Caño Limón con un término no superior al día 23 de enero.

Las autoridades de igual manera seguirán con la investigación para determinar la responsabilidad de los uniformados y verificar si contaban con una orden de desalojo.

Según fuentes cercanas a las investigaciones, los policías no contaba con ningún tipo de autorización para realizar el procedimiento lo que a la luz del derecho-indican los representantes de los campesinos- “fue contrario a la norma, partiendo que contaban con armas de fuego al momento del desalojo y no fueron acompañados por el ministerio público, ni las instituciones como el bienestar familiar toda vez que en el lugar habían menores”.

Según la jurisprudencia en sentencia T239 de 2013 establece que:

Todo procedimiento de desalojo debe respetar las garantías del derecho al debido proceso y contemplar las siguientes medidas: “a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”.

Así mismo, resulta de gran importancia citar el párrafo 16 de la OG 7, según el cual: “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.

“más allá de la procedencia o no del desalojo en un caso concreto, este no puede llevarse a cabo por las autoridades administrativas y de Policía sin tener en cuenta la previa verificación y garantía de los derechos fundamentales de quienes se encuentran ocupando el predio, mucho menos cuando dentro del grupo hay personas en condición de desplazamiento o sujetos de especial protección constitucional, frente a los cuales la solicitud de las autoridades debe ser aún mayor.

Deben cumplirse reglas mínimas que garanticen la razonabilidad y la proporcionalidad del procedimiento, del mismo modo que deben adoptarse medidas previas y posteriores al lanzamiento, que garanticen las condiciones mínimas de ejercicio de los derechos fundamentales de los afectados”.

Por: Daniel Fernando Martínez

Director El Circulo Arauca

About the author

Daniel F. Martinez. Cel: 3115023796

Periodista y abogado del departamento de Arauca, fundador de El Círculo - Noticias de Arauca y Corresponsal de RCN Televisión y Agencia Francesa de Prensa AFP
EMAIL: danielfernandomartinez@hotmail.es

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