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Solo en Venezuela cobran por respirar en el aeropuerto

Hay un nuevo impuesto de hasta 20 dólares tras la instalación de un sistema ozonificador.

Manuel Rodríguez, pasajero que habitualmente usa el caraqueño aeropuerto internacional de Maiquetía, ejercitó esta semana su capacidad de asombro.

Había leído en la prensa la polémica en torno a una nueva tasa aeroportuaria, pero jamás pensó que se pondría en marcha. En la aerolínea Santa Bárbara ya le advirtieron durante la facturación: “Si no paga ahora, no puede volar a Miami”.

Se trata de un nuevo impuesto para respirar ozono, de casi US$ 20 a cambio oficial. La mejor forma, según el gobierno bolivariano, de “eliminar contaminantes en el ambiente y proteger la salud de los usuarios”.

Es el único aeropuerto en América latina y el Caribe que cobra por la nueva tecnología, lo que levantó las quejas de los venezolanos en las redes sociales, atónitos porque haya que pagar por respirar.

Un “sistema innovador de bioseguridad” en los conductos de un aire acondicionado que ha estado fallando constantemente en los últimos meses en las dos terminales, nacional e internacional. El aeropuerto, situado cerca del puerto de La Guaira, mezcla en un solo día calores tropicales y fríos escandinavos, para incomodidad de sus usuarios. Y no es el único problema: cortes de agua, mal estado de los baños, escaleras mecánicas que no funcionan, máquinas de rayos X fuera de servicio, tiendas cerradas y la propia escasez del país, que dificulta beber una botella de agua mineral o comer un sándwich, dependiendo del día y de la ruleta rusa del desabastecimiento.

Pero los problemas para viajar no se terminan en el aeropuerto. “Algunas líneas aéreas de Europa han hecho una reprogramación de sus vuelos mientras pasa el Mundial de fútbol y están reprogramando sus vuelos hacia Brasil. Pero la prensa burguesa lo presenta como que estas líneas aéreas se están yendo de Venezuela”, denunció la semana pasada Nicolás Maduro.

Cuatro días después de la final de la Copa en Río de Janeiro, los aviones no regresaron a Caracas, tal y como pronosticó el presidente hace varias semanas. Todo lo contrario.

Las vacaciones de verano serán este año más caseras que nunca: no se encuentran pasajes para destinos internacionales. En un solo año, el país perdió casi 100.000 asientos mensuales, según datos del sector. ¿El motivo? La deuda acumulada por el gobierno bolivariano con las compañías aéreas, que supera los 4000 millones de dólares.

Aerolíneas Argentinas (230 asientos semanales menos) se sumó esta semana a la política de la gran mayoría de las compañías, que prefieren eliminar vuelos, disminuir el número de asientos, e incluso, como Air Canada o Alitalia, suspender operaciones hasta nueva orden. El cálculo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela cifra en un 57% la reducción de las sillas semanales disponibles en los aviones.

Compañías europeas aludidas por Maduro redujeron casi la mitad de sus plazas. Iberia pasó de 2422 asientos semanales a 1668; Air France, de 1925 a 1040. Mucho más taxativa fue la compañía italiana, cuya suspensión eliminó de golpe 1785 plazas.

Pero las reducciones no son exclusivas, ni mucho menos, de las aerolíneas europeas. Avianca pasó de 7126 a 2618 asientos. Y American Airlines, que nutre el principal mercado venezolano, eliminó 38 de sus vuelos semanales a Estados Unidos y dejó operativa una decena para 1500 viajeros.

Las oficinas de Delta Airlines concentran estos días a centenares de pasajeros afectados por su decisión de reducir drásticamente los vuelos. Viajeros que ya no irán y otros, en sus destinos, que no saben cómo volver. La compañía resumió el porqué de tan polémica medida: “En los últimos 15 meses, el gobierno no aprobó las solicitudes de Delta para el cambio de 188 millones de dólares en ingresos obtenidos por la venta de pasajes en bolívares. Esto no le dejó otra opción a la compañía que limitar su riesgo financiero mediante la reducción de sus operaciones”.

Ésta es la clave del problema: el gobierno de Maduro, maniatado por la crisis económica, no dispone de dólares para cambiar a las compañías, una operación a la que él mismo se obliga tras imponer hace 11 años el control de cambios en el país. La caza de un viaje se convierte así en una odisea incomparable.

POR: DANIEL LOZANO – LA NACIÓN DE ARGENTINA / GDA

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