El terror que sembró el Bloque Vencedores en Arauca

Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz presentaron 45 casos de homicidio, secuestro y desplazamiento forzado que se perpetraron durante la fase de consolidación de este grupo armado en Arauca y Casanare.

Los asesinatos selectivos, las masacres, las torturas y los desplazamientos forzados perpetrados por el Bloque Vencedores de Arauca tenían un objetivo: atacar a todas aquellas personas señaladas de ser presuntos integrantes de la guerrilla y sus familiares, periodistas, informantes de las autoridades, docentes sindicalizados, funcionarios, empresarios, ganaderos y propietarios de grandes extensiones de tierra.

Estos hechos fueron dados a conocer por los ex paramilitares de este bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en los departamentos de Arauca y Casanare, y que están postulados a la Ley 975, llamada de Justicia y Paz. A sus confesiones le sumaron señalamientos contra sectores de la Fuerza Pública sin cuya colaboración no habría sido posible la comisión de esos delitos. Al respecto, representantes de la Procuraduría y la Fiscalía se mostraron preocupados por la falta de resultados en las investigaciones contra varios de los uniformados.

Los 45 hechos, denominados de connotación por carácter de la víctima, fueron expuestos durante las diligencias de priorización de Justicia y Paz que se realizan contra este grupo paramilitar, que estuvo bajo el mando de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, y que comprende también los delitos de desplazamiento, violencia sexual, desaparición forzada y reclutamiento ilícito.

Durante la imputación que le hizo la Fiscalía 22 de Justicia y Paz a Mejía Múnera y a 16 de sus hombres, quedó en evidencia que muchos docentes fueron amenazados en varias ocasiones por el hecho de estar sindicalizados. Los paramilitares los catalogaban como afines a las ideas de la guerrilla.

De otro lado, los periodistas fueron obligados a desplazarse y algunos de ellos fueron asesinados porque informaban de las actuaciones del grupo ilegal en Arauca, mientras otros fueron torturados para que les entregaran información de sus investigaciones acerca de la guerrilla y el Bloque Vencedores.

‘El Mellizo’ y sus hombres también torturaron y asesinaron a funcionarios que se negaron a firmar contratos que los beneficiaran. Los ganaderos, propietarios de haciendas y sus empleados, además de ser obligados a pagar cobros o ‘impuestos de guerra’, fueron forzados a realizar trabajos domésticos, entregarles sus bienes o a que permitieran que se instalaran las bases paramilitares en sus propiedades.

El ente acusador ha señalado en diferentes audiencias que este despojo obedecía a una orden directa de la llamada ‘Casa Castaño’, que pretendía establecer un corredor entre el oriente y el occidente del país y dividirlo en dos. El mismo Vicente Castaño viajó a Arauca y Casanare para amenazar directamente a los propietarios de las haciendas y ordenar sus asesinatos.

La Fiscalía reveló al mismo tiempo que los crímenes contra ciudadanos señalados de pertenecer a la guerrilla e informantes de las autoridades no se hubieran perpetrado sin la complicidad de miembros de la Fuerza Pública. Estas relaciones involucran a miembros del DAS, el Ejército, las estaciones de Policía de Saravena y Tame.

Una alianza de muerte

La relación entre algunos miembros de las autoridades y los paramilitares se basó en que los primeros entregaban información sobre supuestos milicianos de la guerrilla, mientras los segundos perpetraban los homicidios.

En la mayoría de casos los policías retenían durante varias horas o días a los presuntos guerrilleros mientras se comunicaban con los paramilitares. En algunas ocasiones iban hasta los calabozos, los identificaban y esperaban a que los agentes les informaran cuándo los dejaban en libertad para secuestrarlos, torturarlos y asesinarlos minutos más tarde.

Uno de los casos es el de los hermanos Luis Eduardo y Lionel Niño Benitez, de 19 y 24 años, respectivamente, quienes fueron retenidos en la terminal de Tame el 17 de mayo de 2004. El padre de los jóvenes, quien conversó en varias ocasiones con sus hijos, le relató a las autoridades que los uniformados los abordaron sin ninguna razón durante varios minutos mientras se comunicaban con desconocidos por radioteléfonos y celulares. Los policías los amenazaron diciéndoles que no podían regresar la municipio.

Los jóvenes fueron dejados en libertad y minutos más tarde fueron baleados en la orilla de una carretera a las afueras de la población; uno de ellos alcanzó a ser trasladado con vida al hospital, pero falleció horas más tarde.

La relación entre las autoridades y las autodefensas también dejó como víctimas a informantes o denunciantes. La docente Ana Elizabeth Toledo de 51 años, residía en la ciudad de Arauca y trabajaba en un colegio nocturno de una vereda de Tame. El 19 de marzo de 2004, cuando se dirigía a su trabajo, fue obligada a descender del bus por unos paramilitares vestidos de guerrilleros. Allí mismo fue asesinada. La mujer había señalado días antes a miembros del Bloque Vencedores, quienes fueron detenidos por las autoridades y el grupo ilegal la catalogó como colaboradora de la guerrilla.

El 2 de febrero de 2005 Cenelia Arias de 30 años, conocida como ‘Martha la chancera’, fue asesinada después de que los paramilitares fueran alertados de que la mujer era una informante del Ejército en Tame. La Fiscalía indicó que un mayor de la Brigada Móvil 5 del Ejército le advirtió al abogado Isnardo Cediel Beltrán, conocido como ‘Chichimoco’, que Arias tenía un celular en el que le había tomado fotos a miembros de las autodefensas y los había identificado.

Estos datos fueron entregados al jefe paramilitar de la zona, alias ‘Polocho’, quien según varios postulados le dieron 4 millones de pesos al abogado para que fueran entregados al militar. Cediel fue asesinado el 4 de noviembre de 2008.

Los desmovilizados relataron que Cenelia era novia de un ex paramilitar identificado como ‘Andrés’ y que por esta razón ‘Polocho’ dio la orden de asesinarla “antes de que nos matara a nosotros”. Los paramilitares planearon un paseo a un sitio conocido como ‘La Cachama’, camino al lugar le dispararon en la cabeza y dejaron su cuerpo al borde de la carretera.

El ente acusador ha determinado que la mujer, madre de tres menores, estaba recolectando las fotos para beneficiarse de la recompensa de 50 millones de pesos a quien diera información de los responsables del homicidio del dirigente liberal Jaime Orlando Reuto Manosalva, ocurrido el 29 de enero de 2005, que lideraba una recolección de firmas para la revocatoria del mandato del ex alcalde de Tame, Alfredo Guzmán.

La fiscal 22 de Justicia y Paz apuntó que se delegó a otro despacho para que investigue la identidad de un oficial del Ejército, quien también fue señalado por postulados de vender granadas al grupo ilegal.

Otro de los hechos perpetrados por los paramilitares con información de los organismos del Estado, fue el del asesinato de la venderdora de apuestas Ana Delina Serrano Fontecha, de 41 años de edad, cometido el el 16 de abril de 2004 en la capital de Arauca.

El postulado José Élver Izquierdo confesó a la Fiscalía que ordenó el crimen porque el director del DAS de ese entonces, “de apellido Chacón”, y otro hombre identificado como Crisóstomo Gómez Camperos, alias ‘Santos’, habían asegurado que la mujer era suegra de un presunto miliciano de la guerrilla identificado con el alias de ‘Cocoro’.

Los miembros del Bloque Vencedores de Arauca perpetraron el crimen para que el presunto guerrillero fuera detenido por hombres del DAS durante el velorio de la mujer.

Verdad que va a medias

Durante las audiencias fueron repetitivas las peticiones de la Procuraduría y el Tribunal para que avancen las investigaciones por los vínculos entre este grupo paramiitar y miembros de los organismos de seguridad del Estado.

El representante de la Procuraduría reclamó que es necesario oficiar al Ministro de Defensa porque “pasa el tiempo, muchos investigados ascienden hasta generales y todavía estamos hablando haber si se abren investigaciones. Y en estas instancias dicen ¿cómo le vamos a dañar la carrera al general?”.

La magistrada Teresa Ruíz ordenó que “se escale el llamado” a la jefatura de la Procuraduría y a la Dirección de la Fiscalía para que se den resultados en este asunto. Al mismo tiempo resaltó que la Corte Penal Internacional ha llamado la atención sobre la falta de aplicación de justicia en Colombia sobre los vínculos entre funcionarios y grupos ilegales, citando el caso de los ‘falsos positivos’.

Ruíz agregó que la falta de resultados refleja unos trámites burocráticos en los que “hay muchos coordinadores y asesores”, pero ningún encargado que brinde una solución. Añadió que en la ‘parapolítica’ las investigaciones se han realizado efectivamente, pero en los casos de la “connivencia” entre la Fuerza Pública y los paramilitares no.

“Esto es mucho más sensible porque la Fuerza Pública tenía la obligación de proteger a la población. Es una falacia decir que hay justicia social en Colombia si realmente no se toman medidas frente a esas personas para temas de no repetición. Un soldado puede tener la imagen de esa persona como su referente, y ve que no pasa nada. El Estado se está poniendo en una línea muy delgada y muy peligrosa frente a los organismos internacionales”, dijo la magistrada.

La representante de la Fiscalía manifestó, por su parte, que las respuestas en las instancias de la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, ha sido “nula” en años anteriores. La funcionaria denunció que las hojas de vida de los uniformados sñalados por sus supuestos vínculos con paramilitares “no aparecen”; además, en una ocasión, le dieron el teléfono de un escolta para que le pidiera a él información de los comandantes del Ejército para la época en que el bloque Vencedores de Arauca operó en las regiones de Arauca y Casanare.

La fiscal de la Unidad de Justicia y Paz agregó que entre las personas que se ha ordenado investigar está el coronel de la Policía Joaquín Enrique Aldana, quien al parecer colaboró con las Auc cuando estuvo destacado como comandante de esa institución en Saravena. El oficial ganó visibilidad en septiembre de 2009 cuando fue detenido por torturar, desmembrar y asesinar a su esposa. Para ese entonces el coronel era comandante operativo del Tolima.

Los “enemigos”

Los profesores sindicalizados y los periodistas que publicaban artículos o participaban en eventos para rechazar la presencia de los paramilitares en Arauca fueron amenazados o asesinados.

Uno de los casos imputados al Bloque Vencedores de Arauca fue el asesinato del docente José Marceliano Díaz, rector del colegio Froilan Farias de Tame. Entre las 5 y 6 de la mañana del 13 de enero de 2003 se encontraba en avanzado estado de embriaguez y dormía a las afueras de un establecimiento público, cuando dos integrantes de las autodefensas se le acercaron y le dispararon. Los postulados confesaron ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que el maestro, de 41 años de edad y sindicalizado, fue señalado de tener relaciones con la guerrilla.

Por otra parte, el periodista Luis Eduardo Alfonso Parada, fue asesinado porque “hacía acotaciones contra las Auc”. El crimen del corresponsal de El Tiempo, Caracol Radio y otros medios locales, se cometió el 18 de marzo de 2003 a las 4 y 45 de la mañana cuando se dirigía a la emisora Meridiano 70. Dos paramilitares que iban en moto le dispararon en varias ocasiones.

Parada había sido desplazado de Arauca en septiembre de 2002, luego de haber recibido amenazas en su contra a través de un panfleto por su participación en una marcha por la paz y después del asesinato del periodista Efraín Varela. Luis Eduardo había regresado desde Bogotá a la ciudad de Arauca, después de que el Ministerio del Interior indicara que el comunicador tenía un “nivel bajo de amenaza”.

Extorsiones, desplazamientos y robos de tierras

Las Auc presionaron a funcionarios, propietarios de grandes extensiones de tierras, comerciantes y empresarios de Arauca. A los primeros los intimidaban para que les aprobaran contratos para la construcción de obras, como vías, cerca de sus bases o áreas de influencia; a los últimos los extorsionaban, secuestraban o asesinaban para que les entregaran sus negocios o haciendas.

William Eliécer Méndez fue alcalde encargado de Tame en varias ocasiones. El 10 de octubre de 2002, cuando los paramilitares le hicieron un atentado, laboraba como secretario de Obras del municipio. Ese día no había servicio eléctrico en la población y el funcionario se encontraba en una tienda cerca de su casa cuando alcanzó a divisar a dos sicarios y huyó. Cuando entraba con su moto a su residencia, uno de los hombres le comenzó a disparar y le impactó una de sus piernas. Aunque logró entrar a su casa el atacante le impidió cerrar la puerta y ambos forcejearon en una de las habitaciones. El paramilitar huyó cuando ya no le quedaban más balas en el arma.

Al día siguiente el funcionario se desplazó para Bogotá. La Fiscalía informó que los integrantes del bloque Vencedores de Arauca lo estaban presionando para la construcción de una vía, lo mismo hacía la guerrilla. La víctima declaró que por esas visitas que recibía de la subversión fue declarado como objetivo de las Auc.

La Fiscalía también documentó el asesinato de tres miembros de la familia Delgado, una de las más reconocidas en el norte de Casanare. El 10 de octubre de 2001 los integrantes del Bloque Vencedores de Arauca, que recientemente habían llegado a la región, apoyaron a miembros del Bloque Centauros, y se dirigieron a las fincas de Edison Delgado Omaña, (72 años), Otto Delgado Rodríguez (42) y Manuel Antonio Delgado (30). Las propiedades estaban ubicadas en Hato Corozal, Casanare.

Los tres hombres fueron sacados de sus viviendas y un día después fueron hallados en sitios distintos por sus familiares. Tenían señales de tortura. Las causas de su muerte fueron impactos de bala y ahorcamiento.

La muerte al parecer fue ordenada por Vicente Castaño, con quien las víctimas se reunieron en varias ocasiones. Los paramilitares les habían “retenido” sus propiedades y se las devolvieron a cambio de dinero; además, les exigieron en una ocasión la entrega de 8.000 hectáreas, que comprendían tres propiedades y 1.900 cabezas de ganado. Días después del crimen los familiares de las víctimas se desplazaron de la región.

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