¿Qué significa que las Farc como el Estado acepten reconocer víctimas?

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, explica el alcance de los acuerdos con las Farc.
Qué importancia tiene el anuncio sobre el reconocimiento de víctimas en La Habana, históricamente hablando?

Este acuerdo marca una sustancial diferencia con todos los procesos de paz anteriores, tanto los exitosos como los menos exitosos. Ni las amnistías o indultos concedidos para poner fin a la violencia liberal conservadora, ni los firmados durante la administración Betancur arruinados por lo que Otto Morales llamo entonces los “enemigos agazapados de la paz”; ni los que permitieron durante los gobiernos de Barco y Gaviria la reintegración plena del M 19, el PRT, el Quintín Lame y otros grupos armados, tuvieron en cuenta a las víctimas, ni durante las conversaciones, ni menos para indemnizarlas y repararlas. Tampoco en el caso de El Caguán.

Para ser claros: las Farc reconocen a sus víctimas, ¿el Estado colombiano también?

Sí y no es la primera vez. El Estado colombiano, en muchos casos por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de nuestras propias cortes, ha venido pidiendo perdón a sus víctimas. La semana pasada eso se hizo en el caso de La Rochela, donde una comisión judicial desarmada fue asesinada por paramilitares en connivencia con fuerzas del Estado.

Una de las formas de reparación será indemnizar a las víctimas. ¿Quién pagará? ¿El Estado o las Farc?

La Constitución ha establecido que cuando leyes de indulto comprendan la exoneración pecuniaria de los guerrilleros, –no siendo este el caso porque aquí no se exonerarán– lo asumirá el Estado. Desde luego que en este caso debe haber entrega de bienes, pero también el Estado, como ya lo ha hecho con la ley de víctimas que impulsó el presidente Santos, contribuye a la reparación de las víctimas.

Estamos hablando de por lo menos un millón de víctimas. ¿Si el principal ‘paganini’ será el Estado, eso no amenaza con quebrarlo?

No, porque habría que ver cuáles son los bienes que aportará la guerrilla para la reparación. Y porque se hará en el marco de la justicia transicional, que tiene límites en relación con los procedimientos ordinarios.

Le insisto. ¿Está presupuestado que las Farc entreguen sus millones y sus hectáreas para indemnizar a sus propias víctimas?

Desde luego debe haber reparación plena, que supone entrega total de bienes adquiridos ilícitamente. No puede pasar lo que ocurrió con los paramilitares, que solo entregaron trastos viejos y malas tierras por valores ridículos.

Usted no está en la mesa de negociación. Pero como Ministro de Justicia de Colombia, ¿puede darle su palabra al país de que no hay agendas ocultas en La Habana?

Se han dicho muchas mentiras en medio de la controversia electoral, a propósito del proceso de paz. No ha habido negociaciones ocultas, distintas a las reservadas que en la primera fase condujeron a la mesa de negociación. Ahí la discreción era inevitable. En adelante los colombianos han sido informados sobre cada uno de los puntos de la agenda sobre los que ha habido acuerdo: tierras, participación política, drogas, y ahora víctimas.

¿O sea, no hay lugar a ‘conejear’ al pueblo colombiano?

Ni a meterle gato por liebre, como quiera que todo lo que se acuerde en La Habana tiene que ser refrendado por el voto directo de los ciudadanos. O sino, no tendrá validez. ¿Puede pedirse mayor prueba de transparencia? Ni qué decir de las carajadas que se han repetido sin rubor. Que dizque se está negociando la propiedad privada. Paja. Que se va a desmantelar el Ejercito. Paja. Que se van a desconocer las prestaciones sociales de las Fuerzas Militares y de la Policía, paja. Que se le va a entregar a las Farc un Ministerio de Seguridad, de cuya creación no hay certeza. Pura paja.

¿Acaso no es legítimo que algunos cuestionen el proceso?

Sí, pero no con mentiras ni falacias.

Es que para muchos colombianos, la justicia transicional es sinónimo de impunidad…

Justicia transicional no es impunidad. Es una forma diferente de justicia para superar conflictos. Por cierto que ya la hemos tenido muchas veces. ¿Qué mas justicia transicional que el Frente Nacional cuando liberales y conservadores se pusieron de acuerdo en repartirse el poder por 16 años, para frenar el desangre de campesinos liberales y conservadores?

Pero nadie entiende todavía el contenido de la tal justicia transicional para los cabecillas de las Farc que cometieron delitos de lesa humanidad…

El contenido de esa justicia transicional es uno de los puntos por definir. Por ahora solo hay espontáneas ideas de todos lados. El marco jurídico para la paz fue ampliamente discutido en el Congreso y avalado por la Corte Constitucional. Las leyes estatutarias que lo desarrollen también serán discutidas en el parlamento y deben ser previamente aprobadas por la Corte Constitucional. Por ahora todo es especulación y nada más.

Pero el Fiscal ha hecho propuestas, como servicio social para los guerrilleros a cambio de cárcel…

Es una opinión, respetable por venir de donde proviene, así como hay otras en sentido contrario del Procurador General. Pero la conducción del proceso de paz corresponde en primer lugar al Gobierno, al Congreso, que aprobará o no los instrumentos jurídicos que le den forma, y a la Corte Constitucional, quien los comparará con la Constitución. Por último el pueblo decidirá si los aprueba o no. Los órganos de justicia no son protagonistas, pues su papel será aplicar la ley que salga de los acuerdos.

¿O sea que ni el Fiscal ni el Procurador pueden definir el tema de si habrá cárcel para los guerrilleros?

Desde luego que pueden opinar, pero las definiciones son fundamentalmente políticas, en cabeza del Gobierno, del Congreso y del pueblo.

Pasaron cuatro años del gobierno Santos sin una reforma a fondo de la justicia.

Se especula mucho sobre el concepto mismo de ‘reforma de la justicia’. Cada quien entiende una cosa distinta. En esas llevamos hace casi cien años. Si por reforma de la justicia se entiende conseguir que no haya impunidad y que los procedimientos sean ágiles, eso se ha venido construyendo bajo el gobierno Santos. Hoy ningún proceso debe durar mas de un año en la primera instancia y seis meses en la segunda. Se ha fortalecido financieramente la Rama Judicial. Han aumentado significativamente las Casas de Justicia y los centros de conciliación y convivencia. Se ha respetado a los jueces y no se ha salido a controvertir públicamente sus decisiones. Se restableció el Ministerio de Justicia. La idea, antes que afectar la tutela, es ‘tutelizar’ la Rama Judicial para que en los procedimientos ordinarios se aplique la celeridad propia de la tutela.

¿No ha tocado fondo eso de la politización de las altas cortes?

El Gobierno sí va a presentar el proyecto para quitarle todas esas funciones electorales a las cortes que han contribuido a su politización y desprestigio. Y cambiaremos el absurdo sistema de hoy, que permite que se investiguen mutuamente congresistas y magistrados.

¿Le parece sano que los magistrados roten entre las cortes como un carrusel?

No es sano que se pase de una corte a otra. El tema se está discutiendo en el Consejo de Estado y desde luego el Gobierno respetará la decisión que sea, pero la magistratura debe ser el último escalón de una carrera y no debe servir de trampolín para nada más.

Se acaba de caer la elección de Contralor en la Corte Constitucional, por la mano de intrigas que movía sus hilos…

No fue un buen precedente. Nadie debe llegar con padrinos para ser nombrado o postulado por las cortes. El clientelismo aceitado por la repartición de puestos debe ser proscrito de los procedimientos de la Rama Judicial. Ya tenemos suficiente con el clientelismo en la política. Cada quien que haga lo suyo y nada más.

¿Este es un ‘vainazo’ con nombres propios?

(Risas). Son puras reflexiones filosóficas.

¿El caso Colmenares no es el típico ejemplo de tanto tiempo para tan pocos resultados?

Aun cuando todavía falta resolver la apelación, es claro que la justicia no sale bien librada de este episodio, que si no fuera por lo trágico, ha tenido rasgos de telenovela. Se ha visto aquí la justicia-espectáculo en todo su esplendor. Una demostración adicional de las fallas protuberantes del llamado Sistema Penal Acusatorio.

Hábleme del caso del ‘hacker’ Sepúlveda. ¿No hay ahí muchos cabos sueltos?

En lo de los hackers (porque han venido apareciendo varios), no puede haber términos medios. La justicia debe actuar prontamente para que el país conozca la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Pero esto se nos atravesó convenientemente para algunos en medio del proceso electoral…

Lamentablemente. Y hay de por medio acusaciones a miembros de una de las campañas. Aquí se impone la celeridad dentro de las normas del debido proceso.

También está la denuncia del candidato Vargas Lleras sobre la manipulación política de algunos sectores de nuestras Fuerzas Armadas…

Ojalá no sea cierto lo que se ha denunciado. Los colombianos nos enorgullecemos de tener unas Fuerzas Armadas profesionales, civilistas, y respetuosas del poder civil. Hubo una ruptura en la época de la violencia cuando la policía chulavita tomó partido en las elecciones. ¡Líbrenos Dios de que eso pueda llegar a repetirse!

¿Es partidario del voto para los miembros activos de las Fuerzas Armadas?

En todos los cuarteles se debería repetir el discurso magistral de Alberto Lleras en 1958, en el Teatro Patria, luego de la tentativa de golpe militar del coronel Forero Gómez. Las Fuerzas Militares y la Policía no pueden tomar parte en las controversias políticas, y el derecho al voto inmediatamente las matricularía en eso. Cualquier desviación debe ser oportuna y ejemplarmente sancionada. Otra cosa son los retirados. Ellos son ciudadanos con todos sus derechos políticos que pueden expresar libremente sus simpatías políticas. ¡Los activos jamás!

¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta? ¿Le ha incomodado la presencia del expresidente Gaviria en la campaña de reelección del Gobierno?

No le pongamos oficio al Procurador. (Risas) Me limito a decir que no me incomoda para nada. Creo que el expresidente Gaviria decidió ponerse la camiseta para orientar en un proceso a su partido, aun corriendo riesgos, y eso hay que abonárselo. Él es un buen organizador de campañas. Soy testigo de excepción. Por algo Galán lo escogió como su jefe de debate.

¿Y por algo lo derrotó a usted en alguna oportunidad?

Eso es para lo único que no tengo buena memoria.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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