Acuerdo con Farc impacta al menos mitad del negocio del narcotráfico

Guerrilla no solo controla estadios avanzados de cadena criminal, sino que cuida parte de cultivos.

Por primera vez desde 1993, cuando en su ‘octava conferencia’ decidieron aprovechar de lleno el narcotráfico para financiar el desdoblamiento de sus frentes, las Farc expresaron públicamente su voluntad de “poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Y por primera vez desde 1994, cuando la fumigación con poderosos herbicidas se convirtió en el eje de la política antinarcóticos, el Estado colombiano contempla la aspersión solo como “una posibilidad que está abierta para casos extremos”.

De esos alcances son los puntos contenidos en el tercer acuerdo de la negociación de La Habana, firmado el viernes por el Gobierno y las Farc y que, en un capítulo inédito en la historia de los procesos de paz en Colombia, abre la puerta para que el grupo irregular más grande del país contribuya en la lucha contra el narcotráfico.

Esta guerrilla es un jugador de primera línea en el narcotráfico en Colombia, gracias a su presencia en los principales enclaves cocaleros y a que varios de sus frentes están metidos de lleno en el negocio (los del suroccidente y los de Meta, Guaviare, Chocó y el Catatumbo).

Sus hombres protegen los cultivos y en varios departamentos (Guaviare, Caquetá y Putumayo, por ejemplo) incluso ponen el ‘plante’ para que las familias campesinas empiecen a sembrar coca.

De tú a tú con los capos

Y si bien ninguno de sus jefes ha logrado el poder de Tomás Medina Caracas, el ‘Negro Acacio’ –quien durante más de una década, desde mediados de los 90 hasta su muerte en un bombardeo, en el 2007, financió el poderío del ‘bloque oriental’ y fue uno de los más buscados por la DEA–, varias cabezas de frente les compiten con éxito a los narcos de sus zonas. En esa lista están ‘Jhon 40’ y ‘Kokorico’, en la frontera con Venezuela; ‘Becerro’, en la frontera con Panamá, y ‘Rambo’, jefe de la columna ‘Daniel Aldana’ en Nariño.

Qué tan dispuestos estarán esos frentes y esos jefes, varios de los cuales llevan vidas de capos, a dejar el millonario negocio es uno de los grandes enigmas de todo el proceso de paz.

Las cuentas de los organismos de inteligencia apuntan a que no pocos optarán por seguir en la ilegalidad y buscarán a las bandas criminales con las que ya hacen negocios, y que precisamente surgieron tras el proceso de paz con los paramilitares. Pero ese factor no minimiza el impacto de lo pactado, si se llega a dar el salto de la mesa de la paz a la realidad.

En el país se fabrican unas 300 toneladas de cocaína cada año. Las Farc estarían manejando al menos la mitad del negocio en los estadios más avanzados de la cadena criminal: procesamiento de base de coca, manejo de rutas, venta a narcos locales y contactos con los carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, con los que manejan la famosa ‘ruta africana’, que saca la coca colombiana hacia Europa utilizando a Venezuela como plataforma.

Daniel Mejía, director del Centro sobre Seguridad de la Universidad de los Andes, que ha realizado varias investigaciones sobre el tema–, considera que esa guerrilla recibe unos 2.500 millones de dólares al año por narcotráfico, o sea la mitad de lo que se mueve en el país por esa actividad ilegal.

Pero su impacto sobre el negocio es todavía mayor si se tiene en cuenta que la cocaína que ‘cocinan’ las bandas y los narcos menores proviene en su gran mayoría de los cultivos que cuidan los frentes guerrilleros. El año pasado, sus ataques contra los aviones que fumigan con glifosato lograron paralizar por casi tres meses esa estrategia en todo el país. Si los cultivos caen, cae toda la producción de coca, no solo la de las Farc.

El acuerdo incluyó también la necesidad de fortalecer las políticas de desarrollo alternativo y darles mayor énfasis regional y local; la lucha contra la corrupción en organismos del Estado permeados por el narcotráfico; la revisión y eventual expedición de nuevas normas para atacar el negocio, así como la descriminalización de los eslabones más débiles de la cadena ilegal (los consumidores y los cultivadores).

“La Corte Constitucional ha dicho que el consumo no puede ser penalizado y que se trata de un problema de salud pública. El Gobierno ha dado pasos en esa ruta”, dice el exviceministro de Justicia Farid Benavides.

Cada año, el Estado y las agencias internacionales aportan cerca de 500.000 millones de pesos para programas de sustitución de cultivos ilegales. El último informe del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) dice que hay 61.000 familias dedicadas a cultivar coca en unos 280 municipios del país. Con o sin acuerdo con las Farc, el país necesita integrar a esos colombianos a la legalidad.

Fumigación y desminado

El punto en el que más cede el Gobierno, el de la fumigación, está amarrado al que Mejía señala como uno de los grandes avances en la negociación: el compromiso de colaborar a limpiar los campos de la amenaza de las minas antipersonal.

Es un asunto capital para la integridad de miles de campesinos colombianos que viven en las regiones donde, para frenar el avance de las brigadas de erradicadores, la guerrilla recurre cada vez con mayor frecuencia a las trampas explosivas que en los últimos años se han convertido en su principal arma.

“La protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural requieren también que se asegure el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y dentro del marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar”, dice el documento firmado por las partes. Puntualmente, la guerrilla ofrece “el suministro de información” sobre los campos minados.

Según lo acordado, la primera mano para la erradicación será la sustitución. Pero “en los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades, haya algunos cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor (…) el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo proceso de socialización e información con las comunidades”. Y el Estado no renuncia a usar la fumigación como último recurso.

¿Qué tanto se puede afectar la lucha contra el narcotráfico? La erradicación manual, en su mejor año (2008), logró arrancar 95.731 hectáreas de coca. Los expertos señalan además que esa estrategia, además de sus menores costos ambientales, resulta ser más efectiva a la hora de evitar la resiembra. Y con cerca de 50.000 hectáreas del territorio nacional sembradas con la hoja, según el último reporte del Simci, la erradicación manual no parece enfrentar un reto insalvable.

La posibilidad de que la fumigación sea un recurso de segunda mano –idea frente a la cual el Ministerio de Defensa y la Policía han expresado reservas– no toma por sorpresa al principal impulsor de la estrategia de aspersión: EE. UU. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, habló del asunto con los principales responsables de la lucha contra el narcotráfico en ese país y pidió que la ayuda para la fumigación sea redirigida hacia programas de sustitución y desarrollo.

La respuesta de Washington a ese requerimiento está pendiente, como su posición frente a uno de los temas que quedaron sin resolver en el acuerdo de este viernes: qué va a pasar con las solicitudes de extradición que siguen pesando sobre las cabezas de los principales jefes de las Farc.

Fumigación, a la banca

Un tema clave en el acuerdo es que la fumigación dejará de ser el eje de la política antinarcóticos. Desde 1994, han sido fumigadas 1,9 millones de hectáreas de coca. La estrategia, que ha sido polémica, fue clave para reducir las siembras a una cuarta parte de lo que eran a finales de los 90: hoy hay 50.000, pero hace tres lustros había casi 200.000 hectáreas de coca.

El viceministro de Justicia, Miguel Samper, asegura que el acuerdo sobre erradicación “responde a la modernización de la estrategia tal y como se venía analizando en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes: solo erradicar forzosamente o solo asperjar no era sostenible ni eficiente, pues se requiere una intervención integral”.

El exviceministro Farid Benavides dice que “lo que muestran los informes de la ONU es que la resiembra es menor en aquellos lugares a donde llega el Estado con sus servicios, y mayor en donde solo se conoce la cara del Estado represivo”. Los expertos señalan que fumigar seguirá siendo la alternativa donde la seguridad, por ataques de los ilegales o campos minados, sean precarias.

POR: JUSTICIA EL TIEMPO

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