Asesinos de agente DEA que serán enviados a EE. UU. pagarían 45 años

Por ser James Watson persona protegida, delito debe considerarse cometido también en EE. UU.

Hasta 45 años de cárcel podrían pagar en cárceles de Estados Unidos los siete taxistas de la banda dedicada al ‘paseo millonario’ que en junio del año pasado asesinaron al agente de la DEA James ‘Terry’ Watson.

Este miércoles, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dijo sí a la entrega de los taxistas, y la decisión queda ahora en manos del Presidente de la República.

Aunque el crimen se cometió en territorio colombiano, la condición de agente diplomático de Watson –no por ser miembro de la DEA, sino porque cumplía funciones de enlace diplomático– definió para la Corte que la justicia de Estados Unidos tiene potestad para reclamar el juzgamiento de los taxistas, que tienen en una corte de Virginia un proceso por homicidio y secuestro.

Según lo establecido por la Corte Suprema, no pueden ser condenados a muerte ni a cadena perpetua, pero pueden recibir la máxima pena que se habría impuesto en Colombia por los delitos en su contra, es decir, 45 años.

Los magistrados estudiaron uno a uno los casos de los integrantes de la banda, que deja al menos 50 víctimas, y concluyeron que “por tratarse de un atentado contra una persona internacionalmente protegida, el delito debe considerarse cometido no solamente en el lugar donde se desarrollaron materialmente los hechos, sino también en el territorio de los Estados Unidos”.

Otra de las consideraciones fue que, si bien los implicados no conocían que se trataba de un agente de la DEA y el crimen no tuvo que ver con sus funciones, la muerte de Watson, quien estaba asignado a Cartagena desde el 2010, puso en riesgo la continuidad del programa de colaboración entre los dos países.

Además, afectó bienes jurídicos de EE. UU. y la agenda política de ese país, “por los traumatismos” y “los costos” que genera el reemplazo del agente especial.

La decisión fue bien recibida en EE. UU., país que en el pasado había manifestado su inconformidad por fallos que negaban la extradición de colombianos que habían atacado a sus agentes.

Particularmente, en los últimos años hubo roces porque la Corte se negó a extraditar a varios guerrilleros de las Farc responsables del secuestro de Marc Gonsalves, Gon Keith Stansell y Thomas Howe, contratistas del Plan Colombia rescatados durante la operación Jaque más de cinco años después de su secuestro.

Washington reclamaba que la misma Corte había extraditado a varios de las Farc por los mismos hechos: Alexánder Beltrán, alias ‘Rodrigo Pirinolo’, y ‘Simón Trinidad’, como uno de los máximos responsables de los delitos cometidos por el grupo guerrillero.

Este miércoles, luego de conocerse la decisión, el abogado Miguel Ángel Ramírez, quien representa a los taxistas, dijo que solicitará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para frenar la extradición. Los taxistas enfrentan cargos ante la Corte del Distrito Este de Virginia por asesinato en segundo grado, secuestro y conspirar para secuestrar; y uno de ellos, por destrucción de evidencia del proceso.

En la decisión, los magistrados pidieron a EE. UU. permitir a las familias de los taxistas viajar a ese país para visitarlos en la cárcel. Para que se concrete el envío, aún falta que el Presidente firme la extradición.

Ángel Mauricio Pulgarín, uno de los ocho capturados inicialmente por este mismo caso, fue dejado en libertad por falta de pruebas, pero sigue vinculado a procesos.

Pasajeros, aún sin seguridad

Poco después del asesinato del agente James ‘Terry’ Watson, el Gobierno puso en marcha mesas de trabajo para acabar con el ‘paseo millonario’.

En dichas mesas se examinó la posibilidad de establecer la responsabilidad de las empresas, pólizas de seguros para taxistas y víctimas de los robos, y organización de bahías para los taxis. Tales medidas están pendientes de decretos de los ministerios de Trabajo y Transporte.

REDACCIÓN JUSTICIA EL TIEMPO

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